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La elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España el pasado viernes por 179 votos a favor y 171 en contra abre un nuevo periodo político que va a estar definido por la complicada matemática parlamentaria que se presenta, por los pactos previos ... y por las cuestiones que se pusieron de manifiesto en la misma sesión de investidura. Los diputados favorables al nuevo líder del Ejecutivo han sido los 121 del PSOE, los 31 de Sumar (de los que 5 son de Podemos), 7 de Junts, 7 de ERC, 6 de Bildu, 5 del PNV, uno del BNG y uno de Coalición Canaria. Los 58 escaños no socialistas que lo sustentan, apenas el 16% de la Cámara, van someter a Pedro Sánchez a una permanente presión que marcará la inestabilidad del mandato, su operatividad y las consecuencias que deriven para el futuro de España.
Si los compromisos adquiridos por el PSOE se llevaran a término en su totalidad, o al menos en buena parte, el resultado sería un ordenamiento muy distinto al vigente. Además de las múltiples implicaciones de la amnistía en cuanto a su propia legalidad, conlleva el cuestionamiento de las bases del sistema legal y la asunción del discurso independentista. Igualmente grave es el reconocimiento de las nacionalidades catalana o vasca, que el PSOE se ha avenido a negociar, pues significa recorrer un camino sin retorno de la idea nacional de España tal como la conocemos en su organización política desde hace 45 años, y en su idea de nación desde hace siglos. Está por ver el papel que desempeñaría Cantabria en esta desconocida nueva ordenación. De lo que no hay duda es de que no ha participado, como el resto de regiones que no han tenido parte en las negociaciones. Y en las que sí lo han hecho, han quedado sin representar los ciudadanos no nacionalistas y no independentistas.
Además de las cuestiones políticas y judiciales, los apoyos a Pedro Sánchez vienen dados por otras cesiones de índole económica. Bien por la condonación de la deuda, bien por inversiones directas o vinculadas a transferencias, todo ello de nuevo sin un debate abierto al resto de comunidades, incluida Cantabria, que han quedado postergadas y sufrirán los privilegios en inversiones de las que Cataluña y el País Vasco se beneficiarán. Solamente la 'agenda Canaria' cerrada con Coalición Canaria, partido que aportó un diputado a los respaldos a Sánchez, está acompañada por un compromiso de gasto de mil millones de euros. Muchos de los acuerdos concretos están aún sin cuantificar (infraestructuras ferroviarias, seguridad social) pero supondrían un montante tal que los Presupuestos se verían incapaces de absorberlo.
Esta situación, inusitada en una democracia que se encamina al medio siglo de existencia, va acompañada de un cuestionamiento social, desde instancias jurídicas y empresariales y de una parte muy relevante del sistema político de una magnitud desconocida y que conlleva una división interna en España que alude a los tiempos de la Transición. A la radicalización habría que sumar la penalización en nuestra imagen en el exterior, tanto por la internacionalización de la disputa interna en las instituciones europeas como, sobre todo, por las mesas de negociación que bajo la tutela de expertos mediadores comenzarán en pocas semanas en Ginebra. A modo de conflicto internacional, con tutela y supervisión de los acuerdos y quizá también con traducción simultánea.
La proverbial forma de actuar de Pedro Sánchez, en lo que puede verse como audacia u osadía, y también como temeridad, irresponsabilidad, ambición y apego al poder, y que quizá sea una combinación de todo ello, está llevando los usos de nuestro ordenamiento al límite, forzando las costuras políticas y jurídicas del sistema hasta límites cuyas consecuencias se materializarán en los próximos tiempos.
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