Secciones
Servicios
Destacamos
La imputación del fiscal general del Estado por parte de la Sala de lo Penal del Supremo, que le investigará por presunta revelación de secretos, constituye un hecho sin precedentes que requeriría una respuesta acorde a la gravedad de la situación: su dimisión para que ... pueda afrontar el procedimiento sin comprometer al Ministerio Público en su conjunto y sin dar lugar, además, a una colisión entre dos instituciones fundamentales para la realización de la Justicia que tendería a soslayar que la última palabra en el Estado de derecho la tiene el alto tribunal. El encausamiento de Álvaro García Ortiz responde a una nota de prensa por parte de la Fiscalía de Madrid, cuya responsabilidad él se atribuyó, en la que se revelaba que la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso había reconocido en un correo electrónico la autoría de un fraude tributario por el que era investigado a cambio de un acuerdo que rebajara la pena solicitada para eludir así la cárcel. El hecho de que ese comunicado pretendiera corregir la falsedad, difundida por asesores de la baronesa del PP puestos al servicio de su compañero sentimental, de que el pacto –finalmente abortado– fue ofrecido por la Fiscalía no es baladí políticamente. Pero, según los magistrados, no afecta a la posible comisión de un delito que afectaría al derecho a la defensa.
El fiscal general anunció ayer su intención de continuar en el cargo «en el convencimiento de que es lo menos gravoso y más prudente para la institución» y de que «refuerza la independencia» de esta. Considerará que lo hace, si acaso, respecto al Supremo, pero no respecto al Gobierno, que por boca nada menos que del ministro de Justicia le brindó su «total respaldo» alegando que solo había tratado de desmentir un bulo. Ese argumento de defensa, absolutamente contrario a la regeneración democrática, es tan inquietante que contribuye a dar sentido a la imputación penal resuelta por el Supremo. El Estado de derecho no puede permitir que la supuesta o real difusión de noticias falsas sea contrarrestada por los poderes públicos mediante la revelación de informaciones de las que son custodios y han de preservar. Está claro que ni García Ortiz quiere dimitir ni el Ejecutivo está en condiciones de que lo haga. La pregunta formulada retóricamente por Félix Bolaños –«¿puede ser delito decir la verdad?»– acabará siendo respondida por el alto tribunal para este caso. Pero es sabido que sí. Y nadie lo sabe mejor que el propio Gobierno.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.