Telefónica decide

El hecho de que la iniciativa saudí cogiera por sorpresa tanto a la cúpula de Telefónica como al Gobierno vuelve a confirmar que la globalización entraña planes reservados que pueden afectar a sectores estratégicos de los países que cuentan con mayor supervisión y transparencia respecto a las compañías radicadas en ellos, sin que pueda conocerse en un primer momento el alcance de una operación como esta. Ni desde el punto de vista de los movimientos en el sector, en los mercados financieros, o en cuanto a la dimensión geoestratégica que pudiera adoptar la operación. Es lógico preguntarse a quién podría beneficiar, más allá de STC y Arabia Saudí que por ello tratan de llevarla a cabo. Pero mientras se despeja la incógnita, el Gobierno debería adoptar las decisiones que considere procedentes, y en su momento pueda exponer ante la opinión pública, los accionistas de la compañía y los mercados en general, sin convertir la cuestión en motivo de una diatriba pública a la que vicepresidentas y ministras del Ejecutivo en funciones concurran como si se tratase de una subasta de corte ideológico. El Gobierno debería hablar con una sola voz, y únicamente lo imprescindible. Todo lo demás contribuiría a perjudicar a Telefónica, a sus accionistas, y a los intereses estratégicos de nuestro país, que solo el presidente, la vicepresidenta económica y la ministra de Defensa están en condiciones de descifrar.

Con el sector de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías a la expectativa, como lo están los mercados y cuantos gobiernos consideren poder obtener alguna ventaja colateral de la inversión en marcha, Telefónica –es decir sus accionistas– debe sentirse libre de adoptar sus propias decisiones.