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El pasado viernes se cumplió un año desde que El Diario Montañés tituló en primera página, a cinco columnas, 'Renfe diseña para Cantabria trenes que no caben en los túneles y retrasa tres años su construcción'. La noticia dio la vuelta a España;abrió una ... batalla institucional entre el Gobierno cántabro, entonces presidido por el regionalista Miguel Ángel Revilla, y el Ejecutivo central; y provocó la mayor crisis de los últimos años en el Ministerio de Transportes con las dimisiones de los máximos responsables de Renfe y Adif, los ceses de dos mandos intermedios y el posterior relevo al frente del departamento de Raquel Sánchez tras las últimas elecciones generales. El escándalo de los trenes se llevó por delante toda la cúpula ministerial.
Aquel titular dejó dos conclusiones evidentes encima de la mesa. La primera, el papel relevante y decisivo que juegan los medios de comunicación para desvelar, informar y transmitir a la sociedad de forma veraz lo que los poderes públicos tratan de ocultar; y la segunda, directamente relacionada con la anterior, la falta de control por parte de los partidos políticos –muchas veces más pendientes de sus peleas partidistas que de lo que realmente interesa a los ciudadanos– para mantener un estricto seguimiento de los proyectos donde tiene intereses Cantabria. No conviene olvidar, en este sentido, que fueron dos periódicos del grupo Vocento –primero, 'El Comercio' asturiano al constatar que había un error en las dimensiones de los trenes y, después, El Diario Montañés al diagnosticar que el fallo era de tal magnitud que, literalmente, los trenes no podían circular por los angostos túneles de Cantabria– los que desvelaron una noticia que pasó desapercibida para los Gobiernos asturiano y cántabro y para los partidos de la oposición pese a tener a su disposición todas las herramientas parlamentarias para realizar la labor de fiscalización del estado de los proyectos.
Un año después, pocas cosas han cambiado. Los cántabros siguen sin conocer cómo serán los nuevos trenes de Cercanías que deberán solventar una de las rémoras más importantes que tiene la región: máquinas y vagones con más de treinta años de antigüedad que se averían con una frecuencia exasperante para los sufridos viajeros. Las únicas noticias que se tienen hasta la fecha apuntan a que el diseño está ya finalizado y que las nuevas unidades de Cercanías comenzarán a fabricarse a mediados de este mes de febrero, dato que confirma ya otro nuevo retraso sobre los plazos inicialmente establecidos tras la polémica.
Lo más preocupante es que de los nueve compromisos adquiridos por el Ministerio de Transportes con Cantabria y Asturias hay cinco que aún no se han cumplido. No se ha iniciado la construcción de las 31 nuevas unidades; no se ha publicado un cronograma con las inversiones previstas para mejorar la red ferroviaria; el Ministerio no ha publicado las auditorías encargadas sobre el origen del error; no ha habido mejoras en los trenes que siguen en funcionamiento a la espera de los nuevos; y tan solo se ha celebrado en Santander una reunión de trabajo entre las diferentes administraciones implicadas para seguir la evolución del contrato.
Este último aspecto resulta clave. El Gobierno de Cantabria y los partidos de la oposición no pueden volver a caer en el error y deben insistir en la tarea de control y supervisión de las actuaciones del Ministerio, además de exigir del Ejecutivo central información clara de cómo está la construcción de los trenes. Es, al menos, lo que se merecen los cántabros que todos los días utilizan el servicio y sufren los constantes contratiempos.
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