Turismo, impuestos y servicios

El Pleno del Ayuntamiento de Santander fue el primero que, en enero de este año, abrió de nuevo el debate sobre si es necesario implantar una tasa o un impuesto turístico para que este refuerzo de los servicios sea asumido en parte por los visitantes y no en su totalidad por la población empadronada. La propuesta, presentada por IU-Podemos, contó únicamente con el apoyo del PSOE y el rechazo del resto de grupos municipales, es decir, el PP, PRC y Vox.

Varios ayuntamientos, bajo el gobierno del PSOE, se muestran hoy abiertos a abordar la posibilidad de crear esta tasa que, en todo caso, requiere de una normativa a nivel regional y, por lo tanto, del visto bueno del Gobierno cántabro. La respuesta, a través de la Consejería de Turismo, es un 'no' contundente.

En España, solo dos comunidades autónomas han dado su visto bueno a la creación de un impuesto al turismo:Cataluña y Baleares. Gravamen que sí se ha extendido en otros países de la Unión Europea, con Francia, Italia y Países Bajos a la cabeza. La Comunidad Valenciana lo llegó a aprobar, pero el triunfo del PP en las elecciones de mayo y el cambio en el Gobierno regional dejó tal posibilidad en la nevera. En la vecina comunidad de Asturias, gobernada por el PSOE, su presidente Adrián Barbón se abrió a estudiar con los ayuntamientos la aprobación del impuesto ante los datos que advierten ya de cierta masificación turística en el Principado, aunque parece que, de momento, también ha quedado aparcado.

En Cantabria, la respuesta negativa del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga a la tasa turística parece la adecuada para no perjudicar una actividad de la que dependen miles de negocios de toda la región, que representa ya casi el 12% del Producto Interior Bruto (PIB) cántabro y que se encuentra, tras los últimos años, en niveles de crecimiento de récord. Pero esta posición política debe ir siempre acompañada de medidas que permitan a los municipios responder con garantías a las exigencias de la masiva llegada de turistas y mantener sus servicios cada vez más tensionados con la fluidez necesaria.

En todo caso, es necesario que cualquier decisión que se adopte en el ámbito de la Comunidad sea fruto del debate y del consenso de todo el sector, es decir, con la participación de los municipios y de las diferentes organizaciones empresariales que representan a la hostelería, al turismo –hoteles, casas rurales y campings– los transportes y las actividades de ocio, y no basada en una única posición de un partido político.