El turno de la justicia

La causa, con cinco piezas relacionadas, arranca a partir de la moción de censura que en junio del pasado año llevó a Sara Izquierdo (PRC) a la Alcaldía de Santillana del Mar, desbancando a Ángel Rodríguez (PSOE), a quién había apoyado un año antes y ejercía como primer edil desde 2019. Una serie de denuncias cruzadas que se inicia con la demanda de Rodríguez a Izquierdo, que hasta el momento era su concejala de Turismo, por la adjudicación a una empresa que subcontrató con una hermana de la edil. En pleno traspaso de poderes, el nuevo equipo detecta el borrado masivo de documentación municipal, lo que admite la concejala socialista acusada y lo atribuye a un error. Esto da pie a la segunda pieza del caso, tras la denuncia de la nueva alcaldesa. El resto corresponden a supuestas irregularidades en la gestión del aparcamiento de Santillana y en subvenciones deportivas, así como a la iniciada para esclarecer la situación económica de los investigados. El caso vivió un momento álgido en agosto con la detención de la alcaldesa y el exalcalde.

Por el momento son trece los investigados, seis en la pieza más avanzada y que originó la investigación. Entre ellos, Izquierdo y Rodríguez, la hermana de la primera, la concejala que eliminó información y los responsables de la empresa adjudicataria y los de las que intervinieron en la presentación de ofertas. El fiscal asegura que participaban de una u otra forma en «un sistema de contratación pública regido por la arbitrariedad», con el que consiguieron un «enriquecimiento patrimonial ilícito mediante el desprecio y quebranto burdo de los sistemas legales que se fijan para la contratación en el sector público». Añade que establecieron un método estable de aprovechamiento ilícito de fondos públicos de «baja intensidad», un «menudeo predatorio» concertado con una empresa afín por el que encargaban «proyectos inviables» que eran aprobados o pagados por los responsables municipales, que luego compartían el dinero con facturas por trabajos inexistentes. Así, tanto la Guardia Civil como las declaraciones del concejal de Hacienda constatan facturaciones por valor de en torno a cien mil euros en contratos menores no llevados a cabo o imposibles de realizar.

Si lo que las investigaciones van determinando termina probándose constituiría delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación y contra la Administración de justicia y malversación. Los implicados niegan las acusaciones.

Los hechos expuestos por los investigadores en el sumario y la descripción que infiere la Fiscalía en su primera valoración muestran unos patrones de comportamiento que, sean o no penalmente punibles en todos sus extremos, señalan modos repetidos una y otra vez en política y que merecen reproche y un contundente rechazo. Las direcciones de los partidos políticos cántabros tienen ante sí la obligación de responder internamente y adoptar todas las disposiciones a su alcance en tanto y cuanto se dirimen las responsabilidades judiciales y demostrar que, como reclama una ciudadanía hastiada de estos comportamientos, ponen los medios para impedir la corrupción, sea de la intensidad que sea.