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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva en funciones desde el 4 de diciembre de 2018, una vez fracasados varios intentos fallidos de cumplir el mandato constitucional de su renovación. Coincidiendo con la prórroga que se han dado los negociadores socialistas y populares, con ... la mediación europea del comisario Didier Reynders, el presidente del Gobierno ha lanzado un ultimátum poniendo como fecha límite este mes de abril para que el PP levante el bloqueo. El Ejecutivo parece cerrado a aceptar la reforma propuesta por la formación que lidera Núñez Feijóo y exige que se cumpla la ley «sin excusas». Todo hace indicar que los grupos mayoritarios están ante la última oportunidad de encontrar una fórmula que desatasque el CGPJ y acreditar que, más allá de sus objetivos particulares, son partidos de Estado.
Los conservadores no puede seguir pretendiendo mantener su posición hegemónica en el órgano de gobierno de los jueces. Durante la legislatura de Mariano Rajoy ya perdieron la oportunidad de cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por el contrario, consagraron el sistema actual privilegiando el papel de la Comisión Permanente y el presidente. Ahora se les presenta la ocasión de facilitar el camino de la actualización de la máxima institución que encarna el Poder Judicial. Pero tampoco el Gobierno de coalición puede enrocarse en un inmovilismo formal que no deja de ser también parte del problema. La renovación del Consejo resulta ya inaplazable porque, además de las 93 vacantes en distintos órganos, en el propio CGPJ se han producido en este tiempo dos dimisiones, dos jubilaciones y un fallecimiento. De las plazas sin cubrir, el 30% corresponden a magistrados del Tribunal Supremo, con la lesiva consecuencia en forma de retraso de importantes decisiones tanto en el ámbito de la casación como en el de la consolidación de la doctrina.
Un poder del Estado no puede permanecer indefinidamente expuesto a la interinidad con su independencia cuestionada, no solo por el creciente desprestigio de la institución judicial sino porque el propio sistema democrático se va resintiendo. Y, más allá de la fórmula de elección de los miembros del CGPJ para limitar la obsesión de los partidos por el control, lo que se espera que demuestren tanto PSOE como PP es que la clase política es capaz de abandonar sus apetencias partidistas en favor del interés general.
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