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Transcurridos diez días desde las elecciones, sigue sin conocerse un pormenorizado escrutinio definitivo de las presidenciales de Venezuela y sin ser publicadas las actas de las votaciones que permitirían certificar los resultados con todas las garantías. El cúmulo de indicios que cuestionan la limpieza del ... proceso, más próximo a una farsa que a los mínimos exigibles en una democracia, y la terca negativa de Nicolás Maduro a mostrar pruebas de su supuesta victoria, proclamada precipitadamente por el régimen, justifican que la UE, Estados Unidos y hasta los líderes latinoamericanos más contemporizadores con el chavismo no le otorguen credibilidad alguna. Sí se la conceden a los documentos exhibidos por la oposición que apuntan a un holgado triunfo de su candidato, Edmundo González. Acorralado por las evidencias, la presión de la comunidad internacional y la masiva movilización de una ciudadanía desesperada por una explosiva mezcla de miseria y falta de libertades, la respuesta del Gobierno en forma de intimidación y despliegue de su potente maquinaria represiva ha dejado al desnudo su carácter autoritario.
El explosivo clima social y político en el que se halla sumido el país, con una veintena de muertos y más de 2.000 detenidos en las protestas callejeras, empuja a buscar una salida que no puede pasar, como pretende Maduro, por que el Tribunal Supremo –su brazo judicial en un Estado sin división de poderes– dirima sobre el veredicto de las urnas. Lo contrario equivale a exponerse al serio riesgo de un estallido de violencia. Por muy remotas que sean las posibilidades de éxito, resulta obligado explorar un eventual acuerdo que devuelva una cierta estabilidad a Venezuela a partir de una verificación independiente de los resultados. Con tal objetivo, Brasil, Colombia y México han desplegado una mediación que choca con el enrocamiento del régimen en su propio recuento y en considerar golpistas o agentes del fascismo a cuantos lo pongan en duda. La decisión de la Fiscalía de investigar a la líder opositora María Corina Machado y a Edmundo González por «instigación a la insurrección» habla por sí sola sobre las intenciones del chavismo.
En estas horas críticas cabe reclamar la máxima responsabilidad a todas las partes implicadas para establecer la normalidad democrática y garantizar el cumplimiento de la voluntad expresada por la ciudadanía con su voto. Solo así podrá salir Venezuela del callejón en el que se encuentra.
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