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El temor a que Correos no pueda hacer frente al incremento de las solicitudes de voto diferido en pleno verano –aunque solo dupliquen las de ... 2019– ha desatado una nueva controversia entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez que debería ser despejada antes de que se extiendan sospechas, cuyo fundamento está por demostrar, sobre la actuación de un servicio público tan esencial. El líder del PP ha reclamado a los carteros «que repartan todos esos votos antes de que venza el plazo», trabajando «mañana, tarde y noche con independencia de sus jefes». Aunque ha aclarado que «nadie habla de pucherazo», es inevitable colegir de sus palabras no solo un cuestionamiento de la capacidad de los responsables de la empresa pública –nombrados por el Gobierno– para gestionar la situación, sino una difusa insinuación acerca de supuestos intereses partidistas. El presidente ha acusado al candidato popular de «embarrar» la campaña para ocultar sus pactos con Vox, mientras la compañía ha defendido que el proceso «es seguro y garantista» como corresponde a un sistema democrático. Un millón de ciudadanos ya ha remitido su voto, otro millón cuenta con la documentación necesaria y medio millón está pendiente de recibirla cuando debería hacerlo para este domingo, según CC OO.
Cabe pensar que en unas elecciones generales tan disputadas, el contratiempo que supone gestionar el voto por vía postal en plenas vacaciones de verano y las dudas generadas por las denuncias de falta de personal en Correos han avivado una inquietud que sus directivos están convencidos de poder dejar en nada en dos días. Pero para ello resulta imprescindible que sea la empresa quien informe detalladamente de la marcha de las solicitudes; entre otras razones, porque los ciudadanos que las han formulado no cuentan con la posibilidad de personarse el 23J delante la mesa electoral correspondiente si no han podido ejercer su derecho. Es evidente que la fecha de los comicios dificulta la participación. La potestad del presidente del Gobierno para fijarla resulta indiscutible, lo que no le exime de posibles críticas. Aunque lo que urge ahora es que no quede sombra alguna de indolencia, y menos de intencionalidad, en la custodia que Correos ejerce de un derecho constitucional; que este pueda ser desarrollado con absoluta normalidad y no sembrar sospechas gratuitas sobre la posible adulteración de los resultados por esa vía, una tentación populista que debilita nuestra democracia.
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Ana del Castillo
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