Educación y autonomías

Sanidad y educación son dos componentes fundamentales en todo país y, como no, de las autonomías. Dos factores que sirven de baremo para valorar la gestión que realizan los políticos en áreas tan importantes para la ciudadanía.

Sorprendentemente nos estamos encontrando con resoluciones ministeriales que obligan al famoso 'café para todos', negando o impidiendo cualquier propuesta autonómica. Entonces, ¿para qué sirven las autonomías?

La última imposición viene del Ministerio de Educación. Eliminan la evaluación extraordinaria del curso escolar. ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio que obtienen los estudiantes con dicha medida? ¿Por qué negarles otra oportunidad? Da la impresión de que desconocen el efecto Pigmalión en educación y los éxitos obtenidos mediante su aplicación.

Dice el Consejo de Estado que «no puede haber dos velocidades territoriales» en este asunto. No hay dos velocidades, la duración del curso escolar es la misma para todos. Lo que se propone desde las autonomías es la diversidad, cómo ayudar a fortalecer los conocimientos académicos a los estudiantes que no lo lograron en su momento. El tiempo debe emplearse de forma beneficiosa para el estudiante y no en contra. La ley de educación utiliza el concepto de diversidad a nivel cognitivo pero el ministerio parece desconocer la aplicación del mencionado concepto cuando se trata de gestionar.

Ignorar que los modelos jerárquicos, ni potencian ni mejoran las acciones participativas, es hacer un flaco favor a las autonomías. Una gestión participativa de las autonomías en asuntos educativos, proporcionara mayor eficacia y resultados más positivos.

El paradigma «diferente y mejor» debería formar parte de los principios ministeriales, pues facilitaría el intercambio de conocimientos y la valoración, comparativa, de las acciones que dieron mejores resultados en las diferentes autonomías, lo cual redundaría en beneficio de las autonomías y en el enriquecimiento del país. Valorar y aceptar las ideas de los otros, siempre que superen las nuestras, implica una madurez política que no siempre se posee. Antes de tomar decisiones que obligan a todos por igual, se debería profundizar en el porqué, para qué y quienes saldrán beneficiados de las mencionadas resoluciones.

La actual ministra de Educación estudió Magisterio, pero nunca trabajó de maestra. ¿Tendrá algo que ver con la resolución adoptada?