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Mirando atrás recuerdo aquellas declaraciones aparentemente inocentes de la ministra de Educación en la que decía que «los hijos no son de los ... padres», dando a entender que el Estado asumiría un protagonismo mayor en la próxima ley educativa.
El domingo hubo una manifestación en contra de 'la Ley Celaá' en treinta ciudades españolas, la de Santander fue muy numerosa. Evoco lo que decía mi abuelita, «con las cosas de comer no se juega», considero que «con la educación tampoco». No está el horno para bollos; no creo sea el momento, ni la forma. En un Estado de alarma y de crisis económica, política y sanitaria, no parece el lugar. Este asunto, no digo ya «la educación especial», requiere consenso general, diálogo con las familias y con los docentes.
No es un logro usar el castellano como moneda de cambio con partidos independentistas y no tratarlo como riqueza cultural y nexo de unión. Tampoco entiendo que para defender la enseñanza pública, se olvide que lo público, lo concertado y lo privado no tienen porque ser modelos contrarios sino complementarios. Sobre la libertad para escoger el centro educativo, algo defendido en el artículo 27 de la Constitución, no es que vaya a septiembre, es que prácticamente desaparece.
Una visión uniforme del mundo, aparte de olvidar el ahorro que a las arcas del Estado produce la enseñanza concertada, nos echa en brazos de un totalitarismo ideológico acaudillado por partidos cuyo «Santo y Seña» es la libertad y la pluralidad. «Mucho me temo amigo Sancho que esta pandemia si ya nos ha salido muy cara en vidas, también va a salirlo en libertades».
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