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Dinamitar la capacidad del ser humano para pensar de una forma diferente o formarse un criterio propio con el que tomar decisiones en lugar de legitimar lo establecido. Fomentar asignaturas y charlas para orientarnos hacia los principios del social-comunismo, prohibiendo y atacando cualquier opinión ... contraria, vulnerando el respeto a la libertad educativa y de opinión, ese es el objetivo del peor gobierno que ha tenido España en democracia, el gobierno de socialistas y comunistas. Convertirnos en 'la España de las ovejas'.
Comenzaba la encrucijada socialista con la ley que afecta a todos los niveles de enseñanza no universitaria (infantil, primaria, secundaria y bachillerato), así como al acceso y admisión a la universidad. Esta ley, también conocida como Ley Celaá, ha causado grandes cambios en todos los niveles de la educación y se materializó en diciembre de 2020, aprovechando un momento en el que todos, como consecuencia del covid-19, priorizábamos la vida y la salud frente a cualquier modificación legislativa que se pudiera estar produciendo en nuestro país.
La Lomloe, el modelo educativo de escuela única, pública, igualitaria y laica, es un documento legislativo que deroga la Lomce, Ley educativa de 2013, y que, como su nombre indica, actualiza, modifica y complementa la LOE: Ley educativa de 2006 que se encuentra vigente en la actualidad. Con este paso atrás en el modelo educativo, Sánchez y los comunistas han intervenido la libertad de elección de las familias a la hora de decidir qué educación quieren para sus hijos, haciendo una planificación unilateral y totalmente dirigida de hacia dónde tenemos que ir, nos conducen hacia un modelo típicamente social-comunista «cuál ovejas a las que pastorear para que no se descarríen de su camino, el camino del comunismo».
Este fue el primer ataque indiscriminado a la libertad de la enseñanza, recuperando una ley fracasada, la LOE, la que peores resultados obtuvo a nivel internacional. Estamos inmersos en un modelo que castiga el esfuerzo, el interés por aprender, la dedicación y la excelencia educativa. Se pretende igualar por abajo, lo que castiga a todos los centros, docente, alumnos y padres que quieren una educación de calidad, que son la gran mayoría, y lastra el futuro de muchos de nuestros jóvenes.
Y si la primera parte de la batalla la ganaban los socialistas, los comunistas no iban a ser menos y tenían que conquistar su propia contienda, la de las universidades, aprobándose, por la mínima, la primera fase de tramitación del Proyecto de Ley Congreso de los Diputados el pasado 22 de diciembre de 2022.
La batalla la comenzó el exministro Castells, quien estableció perfectamente en el articulado de un anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) las líneas programáticas de Unidas Podemos, que no son otras que arreglar el problema de las universidades públicas catalanas. Y lo materializó su sucesor, el catalán Joan Subirats, encaminándose ya hacia su aprobación definitiva en el Senado este mes de febrero, donde previsiblemente no sufrirá ninguna modificación el documento aprobado en la Cámara Baja de las Cortes Generales.
Y mientras los españoles abogamos por una universidad pública libre, con neutralidad institucional y en la que se trabajen con objetividad los intereses generales, el Gobierno junto con algunas universidades y las organizaciones profesionales se están inclinando hacia el activismo institucional, político e ideológico, reemplazando la investigación y el debate por una clara perdida de neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación.
La neutralidad institucional, garantía de una universidad pública libre, ha saltado por los aires al aprobar PSOE, Podemos, grupo republicano, Junts y Bildu una enmienda a la LOSU por la que se permite analizar y debatir otras temáticas de especial transcendencia en las universidades, más allá de lo académico.
La política ha irrumpido manifiestamente y a cara descubierta en nuestras aulas. Perdemos libertades, de elección y de pensamiento. Saturamos a los profesores con exceso de burocratización con el único afán de que esta medida se convierta en disuasoria a la hora de suspender a un alumno que no alcanza los niveles mínimos exigibles. Perdemos neutralidad institucional, inclinando a los poderes, universidades, entes y organizaciones públicas hacia el activismo institucional, político e ideológico. Y perdemos tiempo y recursos. En definitiva, perdemos valores constitucionales.
Pero el Partido Popular sigue firme en su compromiso con una educación en libertad, con una escuela en la que se aprendan conocimientos y se respeten las libertades de elección y de opinión porque en eso consiste una verdadera educación en valores. Queremos que las universidades aporten a la sociedad los mejores sanitarios, profesores, maestros, ingenieros, abogados, historiadores, arquitectos, … porque de ellos depende el progreso de España.
Confiamos en que las urnas coloquen a los que sólo se quieren a ellos mismos en el lugar que les corresponde, la oposición.
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