La energía eólica: el futuro

La necesidad de descarbonizar la economía lleva mucho tiempo presente en la agenda internacional y, aunque los compromisos adoptados no han avanzado a la velocidad deseada, en los últimos años se han alineado estrategias nacionales con las expectativas de la UE en torno a un Pacto Verde para lograr un escenario de emisiones netas cero no más tarde de 2050.

Las energías renovables son primordiales para la transición ecológica por lo que el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima contempla un escenario objetivo en clara expansión, que para la energía eólica prevé la generación de 50.333 MW en 2030, frente a los 26.835 MW actuales.

En 2019, el sector eólico ha supuesto un 0,35% del PIB en España, generando empleo para 29.935 profesionales en un ámbito que podrá seguir incrementándose conforme avancemos hacia la neutralidad climática.

Pero nuestra región es claramente deficitaria en producción energética y el único parque eólico existente, ubicado en Soba, produce 32,3 MW para atender la demanda de unos 80.000 habitantes. Únicamente representamos el 0,12 % del total acumulado de España, lo que nos sitúa claramente en el vagón de cola de las comunidades autónomas con megavatios 'verdes' instalados, ranking encabezado por la vecina Castilla y León con una cobertura de la demanda eléctrica superior al 80%.

Actualmente se encuentran en tramitación varios parques eólicos cuyo cómputo global supera los 1.400 MW, aunque sólo la mitad tendrían cabida dado que la potencia eólica instalada no podrá superar el límite de los 700 MW que marca el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria (actualmente en redacción para un nuevo horizonte a partir de 2021).

Por otro lado, desde el inicio del proyecto hasta su construcción y puesta en funcionamiento, factores como la evaluación de impacto ambiental o la financiación de la inversión actuarán como elementos de selección natural de forma que sólo sobrevivirán los más fuertes; los más robustos ambiental y financieramente.

Mientras eso se va dilucidando, conviene tener claro que la energía eólica es compatible con usos agrarios y ganaderos del suelo, con las ayudas de la Política Agraria Común y con los espacios naturales protegidos.

La incorporación de aerogeneradores al paisaje ocasiona un indudable impacto visual puesto que la iniciativa privada, lógicamente, busca los puntos más favorables al viento que nuestra orografía sitúa en cumbres de alta visibilidad aunque generalmente alejados de las zonas habitadas. Este impacto –que es reversible y siempre podrá ser eliminado– ya lo padece Cantabria por el desarrollo eólico de otras comunidades. Así, los aerogeneradores de Castilla y León impactan sobre el paisaje cántabro sin beneficiar nuestra producción de electricidad ni compensar económicamente a nuestras juntas o ayuntamientos. Eso sí, representan una muestra irrefutable de que su presencia no hace peligrar la forma de vida tradicional, pudiendo incluso ofrecer un aspecto integrador del desarrollo sostenible en un medio rural que sigue precisando servicios, recursos, progreso y avance: accesos rodados, infraestructuras hidráulicas, conectividad, transportes, etc.

La sostenibilidad consiste en analizar la compatibilidad del desarrollo con las afecciones al medio y de ello se encarga la Administración, velando por el escrupuloso cumplimiento de las normativas de protección ambiental (suelos, aguas, geomorfología, vegetación, fauna, hábitats, etc) para que sólo prosperen los parques eólicos compatibles con la conservación del patrimonio natural.

Superada la fase de análisis y aprobados los proyectos más viables, sería una temeridad renunciar al desarrollo de una energía limpia, que genera empleo y se consolida como motor imprescindible para la transición ecológica.

Cantabria debe apostar sin ningún temor por un futuro que obliga a recurrir a las energías renovables como alternativa a los combustibles fósiles pero eso requiere también sinergia entre administración, gobiernos, sector privado y ciudadanía para poder progresar juntos.