Energía y política

¿Es esto cierto? ¿No queda otra que resignarse? En parte sí, y en parte no. Lo que sí es cierto es que una porción importante de la factura energética depende de la voluntad política, y que esta, tanto con gobiernos socialistas como populares, no se ha mostrado muy proclive a mejorar la situación. Las puertas giratorias y otros intereses creados tienen, probablemente, mucho que ver con ello.

El vínculo entre energía y política es tan grande que, de acuerdo con Fernando Prieto, del Observatorio de la Sostenibilidad en España, «el precio de la electricidad depende directamente del BOE». Por otro lado, Antonio Barrero, redactor-jefe de Energías Renovables, sostiene que «la clave es el escenario: el mercado, en sentido amplio, entendido como ese terreno de juego en el que el legislador (y solo él) determina cuáles son las líneas maestras (las que delimitan el campo) y determina también cuáles son las reglas, todas las reglas. Y ahí el legislador lo tiene claro: ha decidido que aproximadamente el 60% de lo que cuesta una factura (...) sea coste regulado, es decir, coste que determina el Gobierno en función de su propio criterio político (...). Ese 60 lo ha decidido el legislador; y el mismo legislador ha decidido que el otro 40 sea fruto de la oferta y la demanda en el mercado (mercado cuyas reglas -no lo olvidemos- también las ha decidido el legislador). Y punto».

Siendo esto así, es obvio que el gobierno, sea este del color que sea, podría reducir el importe de la factura energética sin más que actuar sobre el coste regulado, la senda iniciada por el Ejecutivo nacional esta semana. Una parte importante de este coste se refiere a los pagos a transportistas y distribuidores, por el uso de las infraestructuras correspondientes; dado que una buena parte del coste de estas infraestructuras ha sido sufragada por los consumidores, hay quien sostiene, y creo que no le falta razón, que el sistema de distribución debería ser propiedad del Estado. De ser así, puesto que a las infraestructuras públicas se les pide una menor rentabilidad que a las privadas, coincido con el director de la Fundación Renovables, en que «el recargo que le podría suponer a la tarifa sería necesariamente menor». Y, en consecuencia, el precio al consumidor.

Otra parte de los costes regulados tiene que ver, por ejemplo, con los costes extrapeninsulares (que deberían correr completamente a cargo de los Presupuestos y no estar compartidos, como sucede ahora, con los consumidores) y la denominada interrumpibilidad, un servicio que (entre o no en funcionamiento) pagan los pequeños consumidores para garantizar la flexibilidad y respuesta rápida ante grandes desequilibrios entre oferta y demanda. Asimismo, habría que seguir manteniendo fuera de la factura las primas a las renovables y las ayudas a la cogeneración. Y, naturalmente, pueden reducirse más, y de forma permanente, los impuestos que afectan a la generación y consumo de energía.

En cuanto al 40% que depende del mercado en sentido estricto, cabe, claro está, eliminar la sobreretribución (los llamados beneficios caídos del cielo) de determinadas tecnologías (nucleares e hidráulicas) que se han subvencionado durante demasiado tiempo aunque las inversiones realizadas en su día están sobradamente amortizadas, y cabe, algo que ya se está empezando a hacer, establecer un mercado de subastas en el que, discriminando entre tecnologías, las renovables compitan sólo con las renovables, y, en definitiva, cada tecnología compita contra ella misma.

Nadie está diciendo que hacer todo esto, o parte, sea fácil e inmediato, pero, si existe voluntad política, es posible empezar a hacer algo y que los consumidores empiecen a notarlo en su factura. De no ser así, y a la vista de las expectativas, la impotencia y/o incapacidad política podría traducirse en un otoño caliente, pues muchos pequeños consumidores están ya hartos de subidas de la luz que terminan encareciendo, además, toda la cesta de la compra.