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El coronavirus ha provocado la más grave crisis de este siglo XXI y, sin duda, el trago más amargo desde el final de la guerra civil española y la segunda guerra mundial. Pocas aportaciones positivas trae el Covid-19, pero siempre es posible extraer enseñanzas ... de los momentos difíciles. Una de las lecciones que hemos aprendido, se desprende de que, al poner nuestra sociedad en situación límite, hemos podido evaluar algunas teorías y comprobar si eran, o no, acertadas.
El hospital Valdecilla ha demostrado su capacidad para absorber el incremento de pacientes producido por el Covid -19. Valdecilla ha sido, junto a otros centros sanitarios de la región, un ejemplo de entrega y eficiencia. Se reconoce, desde todos los partidos políticos, su trabajo para preservar la salud de los cántabros. Valdecilla ha pasado, con una nota sobresaliente, el duro trance de atender a los infectados por una pandemia que ha multiplicado la demanda de la atención médica y, especialmente, la de las unidades de cuidados intensivos. Con esta prueba exitosa, al enfrentarse a un tsunami sanitario sin precedentes, deben quedar desvanecidas, para siempre, las críticas surgidas hace años cuando el gobierno regional del PP optó por la fórmula púbico-privada para terminar la construcción del hospital y ponerlo en servicio. ¿Podríamos imaginarnos que hubiera sucedido si Cantabria hubiera tenido que afrontar esta crisis sin la puesta en marcha del nuevo Valdecilla?
El trabajo desarrollado por los equipos de médicos, enfermeras, personal de archivos, seguridad, servicio de ambulancias y un largo etcétera ha sido eficiente, capaz de superar uno de los momentos más críticos. Y con ello ha quedado revalidado que la fórmula publico-privada ha sido una solución inteligente para afrontar el bloqueo en la construcción de lo que entonces se llamó el «Nuevo Valdecilla». Sería conveniente repasar, en la hemeroteca, las descalificaciones hacia aquella solución, la más rápida para que lo que es núcleo duro de esta clínica se pudiera terminar y que entrará de inmediato a atender a los pacientes. Quienes pronosticaron poco menos que el final de un hospital de calidad, de un centro capaz de atender con garantías a la población, se equivocaron. Es evidente que la gestión público-privada sigue atendiendo a toda la población, con mejores medios que antes de ese cambio.
La diferente velocidad en el desarrollo de proyectos entre lo público y lo privado es evidente y en tiempos de dificultades se acrecienta la distancia. En este periodo excepcional, hemos tenido algunos ejemplos que no deben pasar desapercibidos. Una de las cuestiones que está pendiente de solución en Santander es el futuro de la playa de La Magdalena. No es que ahora mismo sea un asunto prioritario, pero no parece lógico que en estos últimos siete meses no se haya concluido el estudio sobre los espigones, uno ya construido y otro en un estado de deplorable abandono. Es lógico suponer que los equipos de ingenieros del Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana (antes Fomento) no han tenido sobrecarga de tarea por causa del Covid-19, es más, han podido teletrabajar para emitir el informe que permita decidir si se reanuda la obra para culminarla o si se opta por la demolición de lo ya ejecutado. Hasta el momento los cántabros carecemos de información alguna.
Como contrapunto, hemos visto como el Centro Botín ha sido la primera gran infraestructura cultural que ha abierto sus puertas, no sólo en Cantabria, sino en toda España. El Centro Botín es una entidad privada financiada por la Fundación Botín sin percibir dinero público. Un centro de cultura que será mucho más necesario en el futuro inmediato, porque los entendibles recortes en inversiones en el sector cultural público, anuncian retrasos en la puesta en marcha del nuevo Museo de Arte Moderno de Santander, de las instalaciones de Enaire, con la obras ya iniciadas en la zona de San Martín, y en otras iniciativas. La buena noticia es que el proyecto del nuevo Mupac mantiene su ritmo y que pronto se habrá seleccionado el proyecto a desarrollar.
Una cuestión grave es la parálisis del informe sobre el bitrasvase del pantano del Ebro para el abastecimiento de agua de Santander, un obstáculo burocrático que anuló el Plan General de ordenación urbanística de Santander. Desde hace meses, demasiados, todo depende del informe de la confederación hidrográfica del Ebro. Trabajar sobre unos informes y analizar datos no parece que sea una labor afectada por la pandemia y, por ello, no se entiende que un asunto de gran calado esté varado en los despachos aragoneses, por una inacción que raya en la gandulería. La cuestión del agua del pantano del Ebro no es solamente un requisito para que Santander tenga su PGOU, sino una verdadera afrenta, ya que la mayor parte del propio embalse se encuentra dentro de los límites de nuestra región y el noventa por ciento del agua embalsada proviene de ríos de nuestra comunidad. Esta crisis del Covid-19 debe aportarnos instrumentos para mejorar y uno, esencial, es la reducción significativa de requisitos formales para desarrollar proyectos. Bajo la premisa de garantizar el bien común, se ha creado una trama formal que conduce precisamente a lo contrario.
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