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El nuevo Gobierno ha abierto una puerta al nacionalismo independentista en la búsqueda de fórmulas futuras de entendimiento y convivencia. La idea parece lógica tratándose del comienzo de una legislatura y cansados de escuchar a una buena parte de la ciudadanía que la solución ... al conflicto catalán hay que encontrarla a través del diálogo y la negociación. No todos lo entendieron así, por supuesto, pero quienes miran el problema con perspectiva realista no tienen la menor duda de que es el camino que algún día habría que emprender.
Claro que para que dos partes hablen en busca de un entendimiento tiene que haber voluntad de ambos lados. Y en este caso, la buena voluntad de los nacionalistas que buscan romper con las leyes e imponer sus deseos se está revelando nula; mejor dicho, negativa. En política, para que una negociación prospere es imprescindible generar un ambiente propicio, crear cierta ilusión en que se encuentren fórmulas de arreglo. El Gobierno de Sánchez lo está haciendo y duras críticas, por no hablar de pérdida de apoyos incluso dentro del partido que lo sustenta, le está costando.
La persistencia primero en negociar la investidura y ahora en el intento de dar un paso adelante para adentrarse en el problema, le está llevando a cesiones y tolerancias que cuesta entender. Quizás la idea que se persigue es que por el Gobierno no quede y que eso se traduzca en tragar bilis y exponerse a constantes censuras y acusaciones suspicaces. Pero lo malo es que la otra parte, el nacionalismo desunido, lejos de aprovechar la ocasión para reconducir las discrepancias hacia una mesa de negociación, presidida por el deseo de llegar a acuerdos, raya en la agresión.
El reto de los nacionalistas catalanes a la Constitución de todos, a las leyes que nos rigen, a la representación del Estado y a sus instituciones, ha sido una constante desde que encontraron la lógica resistencia política y judicial a sus pretensiones, quizás podríamos decir mejor caprichos, y no ha cesado ni siquiera en este momentos en que se atisba una cierta voluntad de someterlos a consideración si no en su totalidad, al menos a una parte. Todos los días asistimos a una reacción de la Generalitat, el Parlament o los partidos que encona la situación y la coloca en el límite.
Ante esta actitud, que lleva a pensar que la única solución es la Justicia, llegará el momento de decir basta. La sociedad española en general y la mayoría no independentista catalana en particular, no podrá seguir soportando más este desprecio, esta permanente incitación al enfrentamiento. El plantón que dieron los parlamentarios independentistas al Rey en el acto de inauguración de la Legislatura raya en lo intolerable. Cuando les conviene, estos líderes echan mano de los resortes del Estado y, desde luego, no consta que ninguno de ellos ni sus partidos hayan renunciado este mes a cobrar sus haberes por cumplir el mandato que les dieron los votantes.
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