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Es evidente que la manera de afrontar la situación económica derivada del covid-19 por parte de la Unión Europea no ha tenido nada que ver a como se afrontó la Gran Recesión de 2008. Entonces primó el principio de austeridad que llevó a recortes ... en el gasto y los servicios públicos y a profundizar en la crisis económica, de la que no nos habíamos recuperado totalmente cuando apareció la pandemia con toda su virulencia en 2020. En este caso se optó por una política radicalmente distinta: suspensión temporal de las reglas del Pacto de Estabilidad, lo que ha permitido a los gobiernos incurrir en déficit y deuda para mantener los servicios públicos esenciales y proteger el tejido productivo, las empresas y a los trabajadores. De otro lado, la puesta en marcha de los Fondos Next Generation (de los cuales llegarán a España por diversas vías 140.000 millones de euros) una clara política anticíclica y de corte socialdemócrata.
Este marco, mucho más positivo que el anterior, plantea, sin embargo, retos e incertidumbres a las administraciones públicas.
El primer reto se deriva de la condicionalidad de los fondos europeos. Al margen de las reformas, estos han de servir para un proceso de transformación de las economías, con tres ejes principales: cambio climático, digitalización y reto demográfico. Se trata por tanto de levantar proyectos que cubran estas orientaciones. Se han presentado una ingente cantidad de proyectos, tanto públicos como privados, ahora hay que elegir aquellos que realmente transformen la economía.
El segundo reto consiste en la capacidad para gestionar tal volumen de fondos. En España se ha comenzado con cierta lentitud, priorizando las garantías a la agilidad. Pasados estos primeros momentos es urgente que se consolide una velocidad de crucero que estimule el crecimiento económico y el empleo.
La incertidumbre se deriva de la duda de cual va a ser el escenario futuro. ¿Tendrán continuidad los fondos europeos? ¿Volverán las reglas del Pacto de Estabilidad a estar vigentes en un horizonte cercano? En la UE empieza a haber debates sobre estas cuestiones y en un sentido positivo. Es claro que los Fondos Next Generation son excepcionales, pero se abre camino la idea de mantener fondos, en menor cuantía, con garantía europea en el futuro. Más clara parece la reflexión de que no tiene sentido volver a las rígidas reglas del Pacto de Estabilidad.
Los países frugales se opondrán, pero será difícil no llegar a acuerdos que permitan su flexibilización. Por ejemplo, no cuantificar, a efectos de déficit, las inversiones en tecnología y medio ambiente. En este sentido, el cambio de mayoría en Alemania será fundamental.
Este panorama, más positivo, no exime de responsabilidad a las administraciones de impulsar y gestionar proyectos transformadores en línea con lo ejes de la UE. La reflexión en relación a lo que se está proponiendo desde Cantabria nos deja un panorama con ciertas dudas. Se publicitan proyectos que su desarrollo es necesario y conveniente, pero que quizá no tengan un componente transformador sobre los cuales basar un nuevo modelo económico en la región.
La Pasiega habrá que hacerse sí o sí, el Museo de Prehistoria también, pero por sí solos, si no van acompañados de otras acciones complementarias (una propuesta logística integral, una economía del ocio transversal...) su capacidad transformadora será limitada.
Existe un consenso básico que entiende que las inversiones en I+D+i, la ciencia y el conocimiento y su transferencia al tejido productivo son bases sólidas para un cambio de modelo hacia una economía mas robusta, con más valor añadido y mejor empleo. Son elementos transformadores.
Sin embargo, los últimos datos sobre esta materia en Cantabria no son halagüeños. En el año 2020, el gasto en I+D+i interno por habitante en Cantabria es un 38% inferior a la media de España, que a su vez es la mitad de la UE. Si cogemos un horizonte temporal más amplio y comparamos la situación con los datos previos a la crisis financiera de 2008, observamos que Cantabria tiene una inversión en I+D+i inferior en un 24% a la que tenía antes de la crisis. En términos de empleo queda por recuperar el 11% para alcanzar los datos de entonces.
Es urgente la tramitación de la Ley de Ciencia en nuestra región, pero también de dotarnos de herramientas que desarrollen todo su potencial: la Agencia Cántabra de Ciencia e Investigación, la potenciación de los clústeres de empresa y los centros de investigación ya existentes e instrumentos financieros que faciliten que el conocimiento se convierta en actividad económica.
En definitiva, las condiciones externas nos crean un marco de actuación mejor que con la crisis anterior, pero nosotros tenemos que espabilar porque todavía apenas hemos iniciado el despliegue de proyectos realmente transformadores.
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