España se centraliza

Una serie de acontecimientos críticos y el paso del tiempo, han puesto en evidencia que el proceso autonómico español se ha excedido en su afán, legítimo y necesario, de descentralizar España. Muchos sanitarios, políticos y ciudadanos del común piden que se unifiquen las diferentes tarjetas sanitarias de cada región en una sola, que sea válida en toda España y garantice, de facto, la atención médica allá donde se esté. Crecen los colectivos que exigen cuestiones tan obvias como que el idioma español sea la lengua que se pueda usar en todo el territorio y que los idiomas cooficiales no sean barrera para el acceso a ningún puesto de trabajo. Ahora, en una pirueta absolutamente vergonzante, los independentistas catalanes quieren imponer una ley que evite las diferencias en la tributación según la región en la que se resida. Quienes presionaron para que en el texto constitucional se reflejara la existencia de dos niveles en las comunidades autónomas (las vías de los artículos 148 y 151) y que de manera reiterada han presionado para obtener competencias -léase privilegios- diferentes al resto, los que siempre han defendido mayores cuotas de autogobierno para sus regiones, cuando ven que otras políticas fiscales producen mejores resultados que las suyas quieren igualar la tributación con normas nacionales.

La petición de algunos grupos independentistas sobre la nivelación fiscal dentro de una estrecha horquilla tiene lógica. Un país debe mantener unos elementos esenciales comunes a todos los habitantes y a todo el territorio. Lo que resulta incoherente es que eso lo propongan quienes durante todo el periodo democrático han impuesto medidas de desigualdad y de separación entre diferentes territorios. La homogenización fiscal no es una mala medida, pero siempre que ese mismo criterio se aplique al resto de las competencias regionales: es preciso reequilibrar el mapa de las infraestructuras, que se han volcado en el arco mediterráneo en detrimento del Cantábrico. También reformar el texto constitucional para que País Vasco y Navarra olviden el privilegio de los fueros y tengan una Hacienda como el resto de España. Por supuesto que para que los españoles mejoren su calidad de vida es urgente que la tarjeta sanitaria deje de ser autonómica y se torne nacional y lo mismo con la educación, que necesita un soporte general y una inspección centralizada. Las excepciones de las policías autonómicas no tienen sentido, ya que únicamente entorpecen la tarea de protección de los ciudadanos y crean desigualdad salarial. Un asunto esencial en ese necesario proceso recentralizador debe ser que todos los españoles puedan optar a cualquier puesto de trabajo público con el conocimiento suficiente del idioma español, sin que existan diferencias en la valoración respecto de los que hablen lenguas regionales. La lista de asuntos que se han desviado de su objetivo primitivo, a lo largo de los años, es muy extensa.

El proceso autonómico surgió de dos vectores: la necesaria descentralización que permitiera adaptar de manera adecuada las acciones del gobierno a las realidades locales y por otra parte equilibrar la concesión a las denominadas comunidades históricas (Cataluña, Galicia y País Vasco) de sus estatutos de autonomía. El acuerdo, nunca expresado por escrito, de que con esa nueva estructura estatal se normalizaba el problema de los independentistas fue vulnerado desde el primer momento, ya que quienes nunca han ocultado su deseo de independizarse, han utilizado las herramientas del estado autonómico para avanzar, de manera constante, hacia la independencia, generando estructuras cuasi estatales y el resto de regiones siguieron la estela.

Los independentistas no quieren que se visualice que su sectarismo conduce al empobrecimiento de sus comunidades. Por esa razón buscan el igualitarismo a la baja. En lugar de ajustar sus gastos y reducir impuestos lo que quieren es que no se perciba su fracaso.