El estado autonómico tras la pandemia

Ya existen algunos atisbos acerca de en que áreas de nuestra vida cotidiana se producirán esas transformaciones. Una de ellas será la percepción sobre el sistema autonómico y habrá debate para dilucidar hasta qué punto la España de las regiones ha sido eficaz, o no, en la estrategia para frenar la expansión del virus y tratar a los enfermos. Lo vivido hasta el momento arroja un balance negativo para el estado autonómico, porque se han puesto en evidencia los inconvenientes de la fragmentación de protocolos para frenar el aumento de contagios y, a muchos españoles, les ha creado una sensación de inseguridad comprobar que, ni siquiera las diferentes regiones acordaban ofrecer los datos de la evolución de los contagios en la misma fecha y con idénticos instrumentos de medición. Cuando una organización descentralizada, en lugar de mejorar el modelo centralista lo empeora, es necesario admitir que la España autonómica precisa una revisión afondo.

El lamentable espectáculo del enfrentamiento entre varios gobiernos regionales con el ejecutivo central ha sido ya un golpe definitivo para que se proyecte la ineficacia de un país troceado, en el que cada taifa se enfrenta al resto y trata de salvar su responsabilidad, en muchas ocasiones, en contra de la unidad de acción para frenar la pandemia. Algunos presidentes autonómicos han antepuesto el riguroso cumplimiento de sus competencias en materia sanitaria a la necesidad de coordinar y homogeneizar los criterios científicos. Quizás lo peor ha sido el cuestionamiento de los propios datos ofrecidos por los responsables de la sanidad en las regiones, creando incertidumbre acerca de si los gobernantes maquillan sus estadísticas, para evitar confinamientos y ofrecer una imagen de eficiencia.

Desde el punto de vista de la legislación, las discrepancias y zonas legales oscuras han sido un horizonte constante que ha dado lugar a que sean los jueces quienes determinan cuestiones que deberían quedar en manos de los médicos. Las discrepancias de fondo entre los gobiernos regionales de Cataluña y de Madrid con el ejecutivo español, han sido el máximo exponente de que el diseño autonómico ha perdido parte de su utilidad, con la cesión de competencias del gobierno central hacia los ejecutivos regionales.

De esta crisis sanitaria se deriva una conclusión: es preciso reajustar el mecanismo autonómico, de forma que algunas materias como la salud y la educación mantengan un anclaje sólido en manos del Gobierno de España. Es ahora un buen momento para realinear el sistema autonómico. En el origen del nacimiento de las regiones hubo dos elementos esenciales: la necesidad de descentralizar la administración y contentar a los nacionalistas, fundamentalmente catalanes y vascos. La descentralización se ha excedido hasta perfilar un estado federal asimétrico y, en consecuencia, injusto. Lo que era bueno en su inicio se ha transformado en un lastre costoso y sobre todo ineficaz. Existen asuntos que deben mantenerse homogéneos en toda España, es más deberían ahormarse a nivel europeo. La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la carencia de una unidad de acción, que es absolutamente necesaria para superar la pandemia, porque la infección no conoce fronteras.

Entre los extremistas que pretenden convertir en naciones independientes determinadas regiones y los que propugnan volver a un centralismo hermético y alienante, deberíamos adaptar el sistema autonómico para que sea útil a todos y para ello es preciso que existan mecanismos legales para afrontar problemas generales, por encima de la fragmentación autonómica actual. Las deficiencias de un exceso en las competencias regionales, comienza a calar hondo. El presidente de Cantabria, uno de los referentes del regionalismo en España, ha dicho en la televisión que no es bueno mantener las diferencias de presión fiscal en los distintos territorios. De esa forma sienta doctrina contra la capacidad de legislar en materia de hacienda para solicitar unos impuestos iguales en toda España. Si se cuestiona la capacidad recaudatoria de las autonomías se abre la puerta a que también el gasto se produzca de la misma manera igualitaria, despojando de competencias a los ejecutivos regionales.