Votar en defensa de Cantabria

Sin embargo, hoy nos encontramos ante un escenario preocupante en el que Cantabria pierde 191 millones de euros de financiación, 12,3 millones de euros en ayudas al transporte y ve cómo se desvanecen otras medidas sociales clave.

El Gobierno de España ha presentado una batería de medidas en defensa del interés general, en defensa de los ciudadanos y ciudadanas: pensionistas, jóvenes, clases media y baja, autónomos, víctimas de la dana… y el Partido Popular ha dejado de lado el interés general pensando solo en su interés partidista. El escudo social puesto en marcha por Pedro Sanchez desde que las distintas crisis internacionales y climáticas (pandemia, guerra Ucrania, subida de precios de la energía y materias primas, inflación, dana…) han protegido a nuestros compatriotas e impulsado la economía y el empleo en nuestro país.

La gratuidad de los trenes de Cercanías prevista para 2025, que suponía una inversión de 7,2 millones de euros, seguiría facilitando la movilidad sostenible para miles de trabajadores, estudiantes y familias. A esta cifra se sumaban 2,7 millones para subvencionar las líneas de autobús regionales y otros 2,4 millones para ayudas al transporte municipal. No se trata solo de cifras, se trata de personas: de quienes necesitan un transporte público y accesible para llegar a sus empleos, a sus estudios o simplemente para conectar con otros puntos de la región.

Y esto no es todo. Este Real Decreto también incluía medidas sociales de enorme impacto para Cantabria y para España. Con su rechazo, decaen la revalorización de la pensión de 133.000 cántabros y cántabras –un 2,8% en general, 6% para las mínimas, 9% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, y un 9,1% para las pensiones de viudedad con cargas familiares–, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, las ayudas a la industria electrointensiva, las deducciones fiscales para fomentar la eficiencia energética y los incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos. También se elevaba el límite de ingresos exento de declaración del IRPF hasta los 22.000 euros, una medida que habría beneficiado a miles de trabajadores con salarios bajos y medios.

En Cantabria, estas medidas tenían un impacto directo y positivo en la vida de las personas. Rechazarlas no significa simplemente votar en contra de un decreto o del Gobierno de España; significa votar en contra de las familias que necesitan apoyo para llegar a fin de mes, de los jubilados que esperan una pensión digna, de los estudiantes que requieren un transporte accesible, de los servicios públicos de sanidad, educación o dependencia que pierden recursos y de las empresas que buscan competir en igualdad de condiciones.

El Partido Popular ha decidido que, entre beneficiar a millones de ciudadanos y estrategias partidistas ultras, prefiere lo segundo. No puedo más que lamentarlo profundamente y desanimarles a que sigan castigando a los ciudadanos y ciudadanas por un mal cálculo político.

Su voto en contra deja desprotegidos a trabajadores, estudiantes, pensionistas y familias enteras en Cantabria. ¿Cómo explicar a los ciudadanos que se renuncia a medidas tan necesarias? ¿Cómo justificar que se pone en riesgo su bienestar y su futuro por una estrategia política?

Ante esta situación, hago un llamamiento a la presidenta regional, María José Saénz de Buruaga, y a los representantes del Partido Popular en Cantabria. Aún están a tiempo de recapacitar, de escuchar a sus vecinos, de anteponer el interés de Cantabria al de su partido. Les pido que exijan a sus líderes nacionales un cambio de postura, que defiendan estas medidas que tanto bien harían a nuestra región. Voten en defensa de miles de cántabros y cántabras que, de lo contrario, verán cómo se deteriora su calidad de vida.

He oído a dirigentes del PP diciendo cosas como que van a llevar a los tribunales que no se garantice la bonificación del transporte o que van a recoger firmas por la revalorización de las pensiones. Es mucho más fácil que todo eso: apoyen las medidas con su voto.

Desde el Gobierno de España vamos a seguir trabajando para proteger a las personas, para garantizar un transporte público accesible y de calidad, para apoyar a los sectores más vulnerables y para construir una sociedad más justa y sostenible. Porque las consecuencias de este rechazo no afectan a un Gobierno o a una Administración, sino a todos y cada uno de nosotros.

Cantabria no puede permitirse este retroceso. El PP debe actuar con responsabilidad y pensar en el bienestar de las personas. Porque lo que está en juego es el futuro de miles de familias que confían en nosotros para mejorar su presente y garantizarles un mañana mejor.