Una excepción a prueba

La 'excepción Ibérica', que respondería a las posibilidades limitadas de intercambio energético entre la Península y el resto del continente europeo, ofrece transitoriamente a España y Portugal la posibilidad de contener una desbocada inflación –el 8,3%– y de mejorar en competitividad respecto al resto de la Unión. Debe suponer, por tanto, un alivio en un contexto económico delicado. Pero, como está ocurriendo con la ayuda de los 20 céntimos por litro de carburante, no es descartable una limitación de sus efectos en un mercado tensionado hasta el extremo por la guerra de Putin. Según la OCU, las familias beneficiadas disfrutarían solo de una reducción de 15 euros sobre 100. Además, la rebaja convenida del precio del gas empleado para la generación de energía eléctrica bien podría verse compensada por su incremento general y porque las empresas del sector carguen sobre las facturas finales la bajada «muy significativa» que Ribera auguraba ayer a los beneficios de las compañías.

El trato favorable arrancado por Sánchez a la UE no puede agravar los problemas que aquejan al ámbito energético español en un entorno europeo altamente dependiente. Pero está sujeto a los eventuales litigios judiciales de las empresas del sector ante los posibles excesos del afán intervencionista del Ejecutivo y podría acabar subsumido en una estrategia común al conjunto de la Unión si la prolongación de la guerra en Ucrania exige una respuesta de emergencia por parte de los Veintisiete.