La factura energética

Sintetizando un reciente estudio del Banco de España sobre el particular, hay que empezar por recordar que hay un precio mayorista y un precio minorista de la electricidad. El primero se forma en un régimen de casación entre la oferta de las productoras y la demanda de las comercializadoras. El régimen en que esto se hace, denominado marginalista, en el que entran en juego básicamente tres elementos (derechos de emisión de CO2, costes de generación de energía, e impuesto sobre los costes de producción), implica que la demanda existente cada día es satisfecha primeramente con la oferta de las tecnologías cuyos costes de producción son más reducidos (…) Si esta oferta es insuficiente para atender la totalidad de la demanda, la porción insatisfecha es cubierta por la tecnología de entre todas las restantes cuyos precios ofertados son menores, y así sucesivamente (…), de forma tal que el precio es el correspondiente a la oferta que satisface la última fracción de la demanda, hasta que esta es absorbida en su totalidad».

El mecanismo mencionado, que es el mismo que opera en la UE, da lugar a unos beneficios de magnitud considerable para las tecnologías que generan electricidad a un menor coste. Dado que en el caso español estas son las centrales nucleares, las eólicas, las solares y las hidráulicas fluyentes, y que las de mayor coste son las centrales de ciclo combinado (que utilizan fundamentalmente gas como materia prima), es obvio que las primeras están haciendo su agosto, y nunca mejor utilizada la expresión (el caso de los desembalses de Iberdrola parece ser un buen ejemplo de aprovechar la oportunidad cuando se presenta). Como el gas, por cuestiones climáticas y geopolíticas, se ha encarecido de forma muy notable, también lo ha hecho el coste de producción de la energía, hasta el punto de suponer, según el Banco de España, un 50% del aumento del precio mayorista. Un 20% adicional, según la misma fuente, se corresponde con el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, mientras que un 7% es debido al aumento de la base imponible del impuesto sobre la producción de energía.

Puesto que el precio mayorista ha aumentado debido a los factores mencionados, también lo ha hecho el precio minorista, o al consumidor. La razón es que este precio se forma en base a dos componentes: por un lado, el propio precio mayorista y, por otro, el tipo de contrato que el consumidor ha escogido, sea este un sistema de tarifa regulada (en torno al 40% de los consumidores) o un contrato en el mercado libre. En lo que respecta al primero, el precio a pagar depende de varios elementos, siendo el más importante de todos en términos cuantitativos (pues representa casi el 50% de la factura total) el denominado término de energía, que incluye el consumo efectivo y los llamados peajes de transporte y distribución. Adicionalmente, hay que contabilizar el llamado término de potencia (que es un coste fijo determinado por el volumen máximo de electricidad que se puede consumir en cada momento), los conocidos como «cargos» (que hacen referencia al déficit tarifario y a la financiación a las renovables), y un conjunto de figuras tributarias entre las que destacan el impuesto especial sobre la electricidad (un 5,1% sobre los términos de potencia y energía) y el IVA (un 21% sobre el importe total de la factura).

Dado el maremágnum de factores que entran en juego a la hora de determinar el precio de la energía y los mecanismos establecidos para su fijación (en particular el mencionado sistema marginalista y la falta de competencia real entre las tecnologías) no parece que, a corto plazo, haya mucho margen para una bajada sustancial de los precios. Así pues, no queda otra que aguantarse y seguir apostando por las energías renovables como solución (no sólo medioambiental) a medio-largo plazo.