El Gobierno de Sánchez, contra Cantabria

Esta normativa, basada en prejuicios ideológicos de izquierda radical que impone la ministra Teresa Rivera, puede suponer un gravísimo perjuicio para muchos españoles y de manera singular para los cántabros. Sin entrar en el laberinto legislativo que conduce a una inseguridad jurídica, que ahuyenta a los inversores y pone en vilo el futuro de muchas empresas, baste decir que se cercenan las posibilidades de prorrogar las concesiones otorgadas hace decenios. Nunca una ministra de un gobierno ha hecho tanto daño a Cantabria como la señora Rivera. Tan solo enumerar el problema del lobo como especie protegida que está causando tantos perjuicios a nuestros ganaderos o el daño que esta recibiendo la industria electrointensiva, por las decisiones de su ministerio.

Esta legislación supone el cierre y desmantelamiento de muchas plantas depuradoras, piscifactorías, empresas conserveras, explotaciones ganaderas, industrias, pequeños negocios etc. Mientras se culmina el proceso de aprobación de esta importante limitación de la vida de las instalaciones afectadas, se abre un periodo de absoluta incertidumbre. ¿Cómo invertirán los empresarios en mejorar sus negocios cuando pueden perderlo todo en breve plazo de tiempo? ¿Quiénes seguirán apostando por estas empresas sentenciadas a muerte?

El Gobierno socialista, cimentado con los apoyos de independentistas, prófugos de la justicia y partidos de la extrema izquierda, castiga a Cantabria constantemente. La mayor parte de las decisiones bien ignoran las necesidades de los cántabros o directamente dificultan cualquier actividad.

Un Gobierno que ofrece a los independentistas catalanes modificar las leyes para que se ajusten a sus deseos, castiga a Cantabria con nuevas leyes y reglamentos que empujan a la región hacia un desierto empresarial. Para quienes asaltaron el aeropuerto del Prat, amnistía. Para los empresarios, ganaderos y trabajadores de Cantabria nuevas normas restrictivas, menos productividad, más desempleo.

Uno de los problemas de nuestra comunidad es la carencia de medios de transporte que estén, al menos, como el nivel medio de España. A la carencia de trenes en condiciones, el retraso vergonzoso de las obras de interconexión de las autovías en Torrelavega y la tardanza en la ampliación de la autovía que une Santander con el límite con Vizcaya, se suma el ultimo desprecio del Ministerio de Óscar Puente que ha suspendido la reunión prevista con dos consejeros del Gobierno de Cantabria, a tan sólo 24 horas del encuentro.

Los anuncios de nuevos cambios en la legislación sobre la situación de los terrenos de la franja costera suponen una amenaza para Cantabria. La cuestión es grave y la ministra Teresa Rivera debe aclarar sin dilación lo que se propone y, en primer lugar, no poner en peligro a las empresas de la comunidad autónoma. Los cántabros necesitamos poder desarrollar nuestras capacidades y la dirección que se traza desde el gobierno central es contraria a cualquier clase de progreso y prosperidad.

Como representante de los cántabros en el Congreso de los Diputados de España hemos pedido a la ministra que responda a estas preguntas:

1.- ¿Qué razones tiene la ministra de Transición Ecológica para admitir únicamente prórrogas de las concesiones administrativas en dominio público marítimo-terrestre por periodos de 5 años?

2.- ¿Tiene el Gobierno alguna estimación de qué repercusión económica tiene la aplicación tan restrictiva de dichos cambios legislativos?

3.- ¿Qué medidas está poniendo en marcha el Gobierno para paliar el daño de las modificaciones legislativas puestas en marcha por el ejecutivo con la Ley 7/2021 y la modificación del reglamento de costas?

4.- ¿Es consciente el Gobierno del daño que está haciendo a los ganaderos y a las industrias cántabras y al resto de cántabros que se ven en esta situación?

Resulta evidente que de aplicarse las restricciones anunciadas quienes vivimos en Cantabria recibiremos un duro golpe. El progreso no consiste en destruir ni en eliminar empresas que contratan trabajadores, producen riqueza y contribuyen, vía impuestos, a la financiación de la sanidad, la educación, la dependencia… etc. Más bien todo lo contrario.

No es asumible el maltrato del Gobierno de la nación a Cantabria. Infradotados en inversiones esenciales, sin siquiera somos escuchados y ahora vemos que se nos quiere arrebatar una parte de nuestro tejido productivo. Quienes vivimos en Cantabria no debemos soportar estas medidas que no harán más pobres.