Diversidad lingüística

En ese contexto, la decisión de utilizarlas en el Congreso de los Diputados como reconocimiento de la diversidad lingüística en nuestro país, reflejo a su vez de la pluralidad cultural, social, etc., ha despertado una apasionada polémica entre los detractores y los defensores de la medida. Sin embargo, al margen del debate, lo que extraña y desconcierta es que quienes la defienden llevan años intentando desterrar al español de sus comunidades mediante métodos y argucias arbitrarias e ilegales como impedir que los padres elijan la lengua en la que quieran educar a sus hijos (derecho reconocido en la Constitución), o, como sucede en Cataluña, publicar los documentos administrativos únicamente en catalán (a veces también en árabe), multar a los comerciantes que no rotulan sus establecimientos en esa lengua, censurar (a veces sancionar) a escolares y docentes que no la hablan y otras maniobras semejantes. Si el asunto no fuera tan grave se podría calificar de grotesca paradoja, pero evidentemente es perturbador y más se parece a un cruel sarcasmo sin la más mínima credibilidad. ¿Cómo es posible que se exija algo que quienes lo reivindican lo niegan en su casa? La osadía ha sido intentarlo en la institución que representa la voluntad de todos los españoles, el Congreso de los Diputados. La propuesta no es aceptable porque bajo el sano y admirable objetivo de favorecer la diversidad lingüística en nuestro país se percibe otra treta supremacista de la tozuda hispanofobia nacionalista que antepone, una vez más, intereses políticos a la libertad de elección de lengua de millones de españoles en esas comunidades. Y tampoco lo es porque la Constitución determina con claridad los ámbitos de uso de las lenguas de España. En su artículo 3, apartado primero, dice: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla», impedirlo sería ilegal por no cumplir la ley, sin embargo está sucediendo impunemente. En el apartado dos precisa: «Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos», por lo tanto el uso de las mismas debe limitarse únicamente al ámbito de sus territorios. ¿Sería viable la decisión de emplear las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados? Sin duda, pero siempre que se asumiera y aceptase al español como lengua oficial de España en las comunidades bilingües para hacer real la diversidad lingüística en todo el territorio español, y, por supuesto, siempre que el uso de esas lenguas cumpliera la legalidad lo cual, posiblemente, exigiría modificar la Constitución.

Por otro lado, la reciente propuesta de la Junta gallega de denominar lugares de Castilla-León mediante topónimos gallegos (como Vilafranca do Bierzo) recuerda que gobiernos españoles, sometidos a presiones nacionalistas, oficializaron en español algunos topónimos catalanes, gallegos y vascos; una práctica que se ha generalizado en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales. Este hecho demuestra otra vez más cómo decisiones políticas tratan de imponer normas lingüísticas ignorando que las lenguas poseen sus propias reglas basadas en el uso que los hablantes hacen de ellas (escuchen a la RAE). Y el español las tiene para denominar los topónimos del catalán, gallego euskera y de cualquier otra lengua no oficial de España. En unas ocasiones mediante la traducción del topónimo, como San Baudilio de Llobregat por el catalán Sant Boi de Llobregat; en otras mediante la adaptación del topónimo al español, como Cataluña por el catalán Catalunya, en este caso con la agravante de eliminar la grafía más representativa del abecedario español, su símbolo más entrañable, la ñ, para sustituirla por la catalana ny; y, por último, el procedimiento mayoritario, el empleo del topónimo español correspondiente al de la lengua cooficial, como La Coruña para el gallego A Coruña, Lérida para el catalán Lleida o Mondragón por el vasco Arrasate. Queda claro: no hay necesidad de imponer topónimos catalanes, gallegos o eusquéricos a la lengua española.

La diversidad lingüística entendida como el respeto y la aceptación de la pluralidad de lenguas de comunidades deferentes es una realidad reconocida universalmente. Es un derecho basado en la singularidad de cada lengua que no admite injerencias políticas. Por eso, en cualquier clase de comunicación en español, en cualquier medio y en cualquier lugar del mundo se escribirá y leerá Cataluña, Lérida, Gerona, Villanueva y Geltrú, La Junquera, La Coruña, Orense, Finisterre, Sangenjo, Islas Baleares, Ibiza, Mahón, Valencia (sin tilde), Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Santurce, Lejona, Fuenterrabía, Oyarzun, Pasajes y así sucesivamente, como exige la diversidad lingüística de España.