Calidad institucional y eficiencia económica

El papel clave que juega el marco legal en el funcionamiento de una economía aparece ya explicado por Adam Smith en 'La Riqueza de las Naciones' (1776): «El comercio y las manufacturas no pueden florecer en un Estado en el que no exista cierto grado de confianza en la justicia del gobierno».

A lo largo de los últimos años, un nutrido elenco de economistas ha abierto diversas líneas de investigación en torno a la calidad de las instituciones y el control de la corrupción. Acemoglu, Johnson y Robinson, entre otros, nos recuerdan que «algunas formas de organizar la sociedad animan a la gente a innovar, a correr riesgos, a ahorrar para el futuro, a encontrar formas mejores de hacer las cosas, a aprender y a educarse, a resolver los problemas de la acción colectiva y a producir bienes públicos; otras no». La calidad de las instituciones de gobierno y el control de la corrupción son piezas fundamentales para el desarrollo económico de los países, especialmente en economías avanzadas. La debilidad institucional y la corrupción no solo tienen un impacto negativo sobre la política y la convivencia de un país, sino que también generan un coste económico que va más allá del montante de los fondos públicos indebidamente apropiados, ya que deterioran elementos clave del funcionamiento de una economía. Son factores que desincentivan el emprendimiento, la innovación, la competencia y el esfuerzo, lo que se traduce en menor productividad, mayor desempleo y remuneraciones inferiores en comparación con lo que sería posible con la tecnología y el capital disponibles.

En los últimos años, la preocupación por la corrupción en España ha aumentado debido a los numerosos casos que han llegado a los tribunales. Un nivel elevado de corrupción no puede explicarse sin un cierto déficit en la calidad de las instituciones de gobernanza. Esto abarca la fortaleza del Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental y la independencia de los distintos poderes públicos.

El entorno institucional de un país constituye la base sobre la que interactúan las empresas y los trabajadores de una economía. Un vehículo excepcional no puede alcanzar todo su potencial si circula por carreteras llenas de socavones y salpicadas de curvas cerradas. De igual manera, los esfuerzos por elevar el capital humano y el nivel tecnológico de las empresas de un país pueden verse parcialmente dilapidados por una mala infraestructura institucional.

La idea de que las instituciones son decisivas en el comportamiento de cualquier economía ha ganado respaldo a medida que se han generalizado los estudios empíricos, sobre todo desde una perspectiva comparativa internacional. Los índices de calidad institucional publicados anualmente por el Banco Mundial reflejan la percepción ciudadana en torno a diferentes aspectos, como la eficiencia del Estado; la seguridad jurídica y la independencia judicial; los derechos de propiedad y libertad económica; la calidad de la regulación; la transparencia y la rendición de cuentas, así como el índice de corrupción o la calidad democrática.

Transparencia Internacional emite el Informe Anual sobre Corrupción como referencia en comparaciones internacionales. Si examinamos los datos del índice de percepción de corrupción durante el periodo 2008 y 2018, vemos que España ha retrocedido, pasando de la posición 26 (con 61 puntos sobre 100) a la 41 (con 58 puntos) en comparación con 180 países. Los escándalos urbanísticos que afectaron a más de una décima parte de los municipios y los relacionados con los partidos políticos son responsables principales de esa evolución. En 2019, por el contrario, se observa cierta mejoría, situándose en el puesto 30, con 62 puntos. Sin embargo, Transparencia Internacional España considera que una economía como la española no debería estar por debajo de los 70 puntos en el índice de percepción si quiere mantener su imagen y su competitividad.

La presencia de un problema significativo de corrupción guarda relación, desde luego, con la insuficiencia de los mecanismos de transparencia de las administraciones, la evaluación independiente y la rendición de cuentas. En este sentido, destaca la creación reciente de la AIReF, una entidad independiente para el control fiscal, cuya actividad va dirigida a la evaluación y el control de las finanzas públicas.

La evaluación de cómo influiría una mejora de la calidad institucional sobre el nivel de renta en España admite distintos escenarios y resultados. En cualquier caso, independientemente de motivaciones éticas y políticas, es fundamental que la mejora de la calidad de la gobernanza sea un componente fundamental dentro de la estrategia para fomentar el crecimiento sostenido de la economía española a largo plazo.