Desigualdad y crecimiento económico

El interés de la opinión pública de cualquier país por la desigualdad existente en diversos ámbitos de la sociedad sigue presente, al igual que la importancia que conceden las distintas formaciones políticas a la distribución de la riqueza en la gran mayoría de las sociedades contemporáneas. En la esfera económica proliferan estudios empíricos que valoran los resultados del proceso económico o el impacto de medidas específicas, incluyendo la estimación del grado de desigualdad de la riqueza, la renta o el consumo.

En 2019, antes de la crisis del covid-19, España era uno de los países europeos con mayor desigualdad de rentas. Aunque no era ninguna novedad, el enquistamiento del problema parecía conducir a una cierta frustración colectiva por la presunta incapacidad de nuestro estado de bienestar para hacer frente, como los demás grandes países europeos, al fenómeno de la desigualdad.

Más allá de las limitaciones estadísticas que acompañan a cualquier estudio, el economista y premio Nobel Amartya Sen se pregunta: ¿desigualdad de qué? El análisis de la desigualdad suele focalizarse en la renta disponible de los hogares. Es un aspecto fundamental en la determinación del nivel de vida o bienestar de las personas, pero no el único. La calidad de vida depende de los logros y resultados alcanzados (renta, riqueza, bienestar), pero también de sus oportunidades y libertades. Un autor como Rawls identifica el objeto de su teoría de la justicia con los denominados 'bienes primarios', y otro como Sen habla de las 'capacidades básicas' de las personas para desarrollar un proyecto de vida. Ambos hacen referencia a cuestiones relacionadas con renta y riqueza, pero también con salud, educación, cultura, participación en la vida social y, de manera fundamental, libertades y oportunidades personales.

Medir la desigualdad es un ejercicio complejo que trasciende a elementos puramente económicos y abarca disciplinas como la filosofía, la ética o la sociología. Alcanzar un acuerdo entre los economistas sobre el concepto de desigualdad es complicado, dado los distintos puntos de vista subjetivos existentes.

La mayoría de las desigualdades se originan en procesos sociales con base histórica que devienen estructurales, y la causa de su mantenimiento es el fracaso en su necesaria interrupción y su reemplazo por formas de vida y modelos más igualitarios. En este sentido, la principal función del Estado es asegurar una redistribución equitativa y justa de los recursos disponibles. La lucha contra la desigualdad está reconocida en el artículo 40 de la Constitución española: «Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa…». Sin embargo, esto implica una acción positiva y orientada de su papel legislativo que, por cuestiones ideológicas o de reparto de poder, no siempre se produce o no se hace con intensidad suficiente.

El indicador AropE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) define de manera agrupada a las personas que cumplen uno o más de estos tres criterios: está en riesgo de pobreza, está en privación material y social severa o tiene entre 0 y 64 años y vive en un hogar con baja intensidad de empleo.

En 2023, el 26,5% de la población residente en España, unos 12,7 millones de personas, se encontraban en situación de AROPE. En Cantabria, esta cifra es del 22%, frente al máximo del 37,5% en Andalucía y el mínimo del 15,5% del País Vasco.

La mayoría de los estudios de los últimos veinte años concluyen que la desigualdad perjudica el crecimiento, sobre todo cuando se superan determinados niveles que ponen en riesgo la estabilidad social o la inversión en capital humano. La redistribución, por tanto, no daña el crecimiento. En un país con un problema estructural de insuficiencia de ingresos públicos y gasto social muy por debajo de la media europea, no parece que el aumento de la presión fiscal vaya a desencadenar un proceso distorsionador en la asignación de recursos capaz de desbaratar los efectos positivos sobre el crecimiento del gasto público en educación, pensiones o sanidad.