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Allá por el mes de febrero se constituyó en el Parlamento de Cantabria una comisión sobre la financiación autonómica nutrida y relevante. Presidida por Javier López Marcano, le acompaña su compañera regionalista Paula Fernández; por el PP figuran los diputados Rafael de la Gándara, vicepresidente del órgano, Íñigo Fernández, también senador autonómico, y Carlos Caramés, a la vez alcalde de Piélagos; por el PSOE, la exconsejera de Economía Ana Belén Álvarez y el diputado Jorge Gutiérrez, y asimismo la portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz. La comisión aún no ha comenzado a trabajar porque, en realidad, tiene un carácter preventivo, para ser activada cuando haya que discutir el asunto en serio. Una opinión generalizada es que Cantabria está bien tratada en el capítulo de la financiación: es la comunidad mejor dotada (4.198 euros por habitante frente a la media de 3.496 euros, según los últimos datos de 2023 publicados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef), así que a lo mejor no interesa menear mucho el asunto, algo así como 'Virgencita, que me quede como estoy'. Pero las conversaciones abiertas por Pedro Sánchez y el PSC para la investidura de Salvador Illa a cambio de una 'financiación singular' de Cataluña reabren el debate en toda España, también en Cantabria.
El instrumento de la financiación autonómica, creado por ley en 2009, tiene su reforma paralizada desde 2014. Pasan los años, las elecciones y los gobiernos, pero no hay ningún avance en las comunidades del régimen común, mientras los conciertos vascos y navarros son revisados al alza con regularidad.
La financiación no es la clásica discusión partidaria sino que opera de forma transversal. Se vio en la cumbre informal de Fitur en la que los presidentes de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, y los populares de Andalucía, Juanma Moreno; Murcia, Fernando López Miras, y Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, afinaron estrategias para defender su posición de primar la población como factor esencial en la reforma de la financiación. Cuando Alberto Núñez Feijóo era el presidente de la Xunta gallega, lideró en la cumbre de Santiago, con presencia de Cantabria, el movimiento que postula una financiación que tiene en cuenta el coste de los servicios en las regiones, la dispersión y envejecimiento de la población, la orografía… Más tarde, cuando Feijóo se puso al frente del PP en toda España, ha intentado navegar entre las dos sensibilidades de su partido. En Cantabria hay bastante unanimidad a la hora de defender la vigente financiación asociada al coste de los servicios. Miguel Ángel Revilla, en su larga etapa de presidente regional, mantuvo la opinión de que priorizar el factor de la población supondría nada menos que el fin de la autonomía de Cantabria. El PP, ahora en el Gobierno, opina con similar firmeza que cualquier revisión de este capítulo ha de basarse en el coste efectivo de los servicios.
Las elecciones catalanas han abierto un nuevo capítulo en la eterna controversia de la financiación autonómica. Muy llamativamente, el PSOE cántabro de Pablo Zuloaga plantea y promociona desde hace unas pocas semanas, inmediatamente después de las urnas catalanas, una propuesta que contempla las negociaciones para la gobernabilidad en Cataluña como una oportunidad para mejorar la financiación de Cantabria. Si en aquella región la condonación de la deuda asciende a 15.000 millones, en Cantabria podría superar los 600, calcula Zuloaga. En el documento socialista, elaborado por exconsejeros de Economía y Sanidad –Angel Agudo, Ana Belén Álvarez, Luis Truan, Raúl Pesquera– y otros técnicos, se incluye contemplar la población flotante, la dispersión y una financiación específica para Valdecilla. El entusiasmo del PSOE de Cantabria en publicitar lo que pueda significar para casa la llamada 'financiación singular' que el Gobierno Sánchez ofrece a ERC para que haga president de la Generalitat a Salvador Illa no es compartido por todos los barones socialistas. El castellano-manchego García-Page, como siempre en la primera fila crítica, pero también en Extremadura, en Andalucía o Asturias surgen voces que juzgan amorales los chantajes que se asumen frente al independentismo en las negociaciones catalanas.
En el PP, naturalmente, critican sin matices la negociación bilateral del Gobierno y Cataluña sobre financiación y anuncian, como la presidenta cántabra Sáenz de Buruaga, que llevarán a los tribunales cualquier decisión al respecto que no pase por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que por fin se reunirá en julio, y del debate en la Conferencia de Presidentes, pendiente también desde hace mucho. Así pues, la política cántabra pasa de no mover el asunto de la financiación autonómica por el riesgo de que resulte perjudicial a que el debate se reabra en el marco de la negociación de la investidura catalana. Opera un recelo muy básico: si Cataluña se lleva más dinero en el futuro, probablemente quedará menos para las demás regiones. Quizá ya ha llegado el momento de reactivar la comisión parlamentaria que vigila un asunto tan importante. López Marcano, el regionalista que la preside, apunta optimista que siempre hay margen para mejorar las condiciones financieras de Cantabria, pero que no debe haber privilegios: 'Todos somos singulares'.
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