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Antes de leer este artículo grábense una fecha: 18 de julio de 2022. Desde el 1 de enero hasta el pasado día 18 de julio de 2022, todos los ingresos que, con el sudor de su frente, hayan percibido, se han ido en pagar impuestos ... al Estado para mantener la mastodóntica Administración Pública. Lo llaman 'Día de la liberación fiscal' y somos, tras Cataluña (que se ha celebrado el 21 de julio) la Comunidad Autónoma donde más días hay que trabajar para cumplir con el fisco.
Además, en Cantabria (y también en España) se batió, en 2021, el récord de recaudación de impuestos superando, de largo, el escenario más optimista previsto en los Presupuestos Generales. Y todo ello habiendo suprimido el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para descendientes, ascendientes y cónyuges en la Comunidad Autónoma, y en una situación, como la actual, donde la inflación asfixia al contribuyente.
Ahora, a menos de un año de las elecciones autonómicas vuelve el debate fiscal al Parlamento de Cantabria. Es cíclico y cada cuatro años sale a relucir el debate fiscal, siempre en época preelectoral. La tesis del Gobierno regional es que no se puede reducir la presión fiscal en el IRPF, reducción que beneficiaría a todos los contribuyentes, abriendo la vía a eliminar el Impuesto sobre Patrimonio en Cantabria. El Impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto completamente anacrónico, eliminado en gran parte de Europa (salvo en Noruega y Suiza), y que pagan únicamente aquellos contribuyentes con un patrimonio superior a 700.000 euros: 2.969 contribuyentes en 2020, sólo por detrás de Extremadura y La Rioja.
Frente a la tesis de nuestro gobierno regional otras comunidades autónomas, en cambio, se han lanzado a la carrera para reducir impuestos. En Andalucía, desde 2019, se ha reducido la presión sobre el IRPF, se paga menos Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y se ha bonificado al 100 % el Impuesto sobre el Patrimonio (medida ésta de hace escasos días). ¿El resultado? Un efecto llamada que ha incrementado el número de contribuyentes (nada menos que 285.000 personas han optado por fijar su residencia en Andalucía), lo que se traduce en una mayor competitividad fiscal y un efecto llamada para los inversores. No sólo eso: la bajada generalizada de impuestos no sólo no ha supuesto una reducción en los ingresos públicos, sino que, durante el primer semestre de 2022, se ha aumentado la recaudación un 6,22 %. La receta es antigua: recaudar más bajando impuestos, una receta que Arthur Laffer ya dibujó hace décadas en aquella célebre servilleta que hoy se expone en el Museo de Historia Americano. La idea es sencilla: al haber más dinero en los bolsillos de los contribuyentes, se produce un aumento en el consumo y la inversión, lo que redunda en un aumento en el empleo, lo que se traduce en un aumento de los ingresos públicos. ¿En cifras? 1.100 millones de euros más de recaudación en Andalucía que ya es, únicamente por detrás de Madrid, la comunidad cutónoma donde menos impuestos se pagan. En Cantabria, sin embargo, nuestro Gobierno regional ha optado por no aliviar la presión fiscal sobre el contribuyente, y otorgar subvenciones a colectivos afines, justificando dicha medida en que agravaría la inflación. ¿Por qué en Madrid o Andalucía hay margen para estas medidas y en Cantabria, sin embargo, no?
Cuesta creer cómo en una Comunidad Autónoma como Cantabria no se abogue por una reducción generalizada de impuestos para hacer más atractiva la región para los inversores. No existe explicación más allá de una miope versión cortoplacista de quienes nos gobiernan. Mientras Cantabria no sea competitiva fiscalmente los inversores privados continuarán huyendo de nuestra región condenando el futuro de las generaciones venideras.
Y para muestra un botón: por vivir en Cantabria, usted paga más impuestos de los que pagaría en Alemania o el Reino Unido. 11 puntos más. Es el precio por vivir en el paraíso.
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