Fiscalidad autonómica

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, consideró ayer que se trata de un «despropósito» que las comunidades autónomas se hagan competencia fiscal, calificó la supresión del impuesto sobre el Patrimonio de «extraordinariamente regresiva», y abogó «a título personal» por la ... centralización de las competencias tributarias. Respondía así al anuncio, la víspera, de que Andalucía prescindirá del impuesto de Patrimonio y, en general, a las iniciativas de reducción de la presión fiscal en las comunidades gobernadas por el PP. Yendo más allá de la política defendida por los socialistas en cuanto a las atribuciones fiscales de las autonomías, con arreglo al Estado federalizante que conforman. Es cierto que el presidente andaluz, Juanma Moreno, realzó el día anterior la oportunidad que la supresión del impuesto de patrimonio representaría para atraer ciudadanos que se censen en esa comunidad. La dimensión fiscal del Estado de las Autonomías no excluye, lógicamente, tal supuesto. De hecho puede contribuir a la movilidad de personas y empresas dentro del territorio nacional. Pero la competencia interterritorial que el ministro Escrivá deploró ayer no va dirigida a incentivar esa movilidad, sino a procurar que las instituciones de cada autonomía se esmeren en ofrecer un modelo eficiente a reproducir, entre la recaudación y el gasto público, para procurar más progreso y bienestar.