Fiscalidad: la manzana de la discordia

Se trata, como pueden imaginar, de un asunto muy complejo, que no admite tratamientos simplistas. Por ello, antes de debatir acerca de si hay que bajar o subir impuestos deberíamos plantearnos para qué sirven. Si estamos convencidos de que sirven para mantener el 'estado del bienestar' y que este sea potente, tendremos que convenir que, entonces, el sistema impositivo también tendría que serlo (DM 24-XI-2019).

Pues bien, pese a que a priori todos queremos disfrutar de mejor sanidad, educación, servicios sociales y pensiones, la fortaleza real «del estado del bienestar» es, sin embargo, uno de los múltiples puntos de discordia entre defensores y detractores de los impuestos. ¿Cómo se entiende, si no, que haya quien sostenga que Madrid es el ejemplo a seguir, con su bonificación completa del impuesto sobre el Patrimonio, cuando en tres de los cuatro apartados antes mencionados (sanidad, educación y servicios sociales) va claramente por detrás de muchas otras comunidades autónomas? Para mí resulta incomprensible, sobre todo si, como manifesté en el pasado (DM 3-X-2021), «la capital del país obtiene beneficios económicos que la hacen competir de forma muy favorable con el resto de comunidades». Otro tanto cabría decirse de la comunidad andaluza, que tampoco goza de los mejores servicios públicos y que contribuye a las arcas públicas con menos de lo que recibe y que, sin embargo, ha optado también por la bonificación del impuesto del Patrimonio. Se trata, a mi juicio, de claros casos de dumping fiscal que, beneficiando a unos pocos, perjudican a la mayoría; constituye, pues, un ejemplo de libro de 'juego de suma negativa'.

Esto no significa que el impuesto sobre el Patrimonio no tenga que reformarse o incluso suprimirse, sustituyéndolo por otra(s) forma(s) de gravar la riqueza. Lo que significa simplemente es que, dentro del margen de autonomía fiscal con el que cuentan nuestras comunidades, no es conveniente desde el punto de vista económico, ni solidario desde el punto de vista ético, enzarzarse en una competencia fiscal a la baja como la iniciada por algunas de ellas. Si esto se considera negativo a nivel internacional, y estamos en contra de los paraísos fiscales y del tratamiento fiscal que algunos países (Irlanda o Luxemburgo, por ejemplo) aplican a empresas y ciudadanos, ¿cómo no vamos a estar en contra de la competencia fiscal entre comunidades autónomas? Es por este motivo -conseguir que la carga fiscal sea la misma en todo el territorio nacional- por el que, a priori, estoy a favor de la recentralización que promueve el ministro Escrivá.

Asimismo, lo dicho tampoco implica que, en la situación actual, no haya que retocar los impuestos. La inflación, ese impuesto a los pobres del que tanto hablamos estos días, está permitiendo que la recaudación fiscal aumente, lo cual es bueno, pero no de esta forma; y no lo es porque, como señala el profesor Vaquero, aunque «en términos nominales el contribuyente se enfrenta al mismo esfuerzo fiscal (la tarifa no cambia), en términos reales el esfuerzo fiscal es mayor». En consecuencia, es necesario proceder a deflactar la tarifa del IRPF y, quizás, también la del impuesto de Sociedades; algunas comunidades autónomas ya lo han hecho y, en mi opinión, deberían hacerlo todas, al tiempo que el gobierno central, y hacerlo en la misma proporción.

Sea como fuere, considero que el debate acerca de si bonificar el impuesto sobre el Patrimonio y deflactar el IRPF me parece es un tanto improcedente en la situación actual. Por un lado, porque el contexto de incertidumbre extrema en lo económico, social y político no es el más adecuado para abordar con sensatez y tranquilidad el asunto. Y, por otro, porque, en el fondo, hay dos temas pendientes de mayor calado; la reforma integra de nuestro sistema fiscal, que es tradicionalmente incapaz de recaudar lo necesario para cubrir los gastos, y la reforma del sistema de financiación autonómica para que, entre otras muchas cosas, impida la competencia fiscal entre comunidades.