La fiscalidad ocupa el escenario

La pugna entre quienes sostienen que no es posible reducir los impuestos, ya que en ese caso peligraría el estado de bienestar y se aplastaría a quienes menos tienen, se ha demostrado equivocada. Madrid ha quebrado el mito y logra atender, con presteza, los servicios sociales y genera más empleo que otras comunidades.

Los dogmáticos que sostienen que bajar impuestos es atacar a las clases menos favorecidas han visto como su tesis se disuelve al contacto con la realidad. Los máximos predicadores de las terribles consecuencias que tendría esa medida, y que forman parte del Gobierno de España, comprueban con estupefacción como el Gobierno del socialista Pedro Sánchez ha bajado ya varios impuestos, en una clara rectificación de sus tesis más enraizadas. Y el estado de bienestar se mantiene vigoroso.

En Cantabria, para mantener la tradición, el Gobierno regional-socialista ha estado inmóvil, a la espera de que otros movieran ficha. Finalmente, el presidente Revilla, que tiene instinto para detectar los peligros, ha hecho un tímido pronunciamiento a favor de la supresión del impuesto de patrimonio. El simple anuncio ha desatado las críticas de su socio, el PSOE, y de Izquierda Unida. La izquierda interpreta que el PRC podría sumarse a las comunidades del PP y enarbolar la bandera de la bajada de impuestos para la campaña electoral de mayo.

La dialéctica sobre la fiscalidad ha entrado en ebullición con la insinuación del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de suprimir la prerrogativa que tienen las comunidades autónomas para incrementar o reducir una parte -sólo una parte- de determinados impuestos. Lo que propone Escrivá es que sea el Gobierno de España quien fije la cuantía de la carga fiscal de manera uniforme para todos los españoles.

El razonamiento de Escrivá es lógico: para evitar una pugna entre las diferentes regiones por ser las más atractivas fiscalmente, la solución es frenar esa carrera bajista fijando los impuestos desde la autoridad central. El argumento de Escrivá evidencia una de las grietas que presenta el Estado de las autonomías y ha encendido las alarmas entre los partidos secesionistas. La oposición del PNV, Esquerra Republicana, Bildu y las diferentes formaciones nacionalistas ha sido frontal.

La sugerencia de recentralizar la dispersión del Estado de las autonomías encuentra una oposición frontal en los partidos separatistas y un recelo en otros que tratan de ampliar sus competencias. El PRC no se ha manifestado sobre la idea de Escrivá, pero en varias ocasiones tomó posiciones en contra de recortar competencias.

La polémica sobre las diferencias impositivas en las comunidades autónomas contiene en su núcleo un argumento poderoso: las competencias que suponen mayor gasto, educación y sanidad, están en manos de los gobiernos autonómicos y no tiene sentido que quienes deben decidir lo que se invierte en esas áreas no puedan tener control sobre los ingresos, al menos en parte. Una petición que se arrastra desde hace años es la referida a que quién gasta sea el que recaude. De esa forma los gobernantes rendirán cuentas ante los electores sin eludir responsabilidades.

La denominada 'recentralización' es un fantasma que se hace cada día más presente. La carrera de las diferentes comunidades por incrementar sus competencias y replicar el modelo estatal se aleja del primigenio planteamiento del propio sistema autonómico, que no era otro sino el de acercar la gestión a los territorios, reducir el excesivo centralismo y tener capacidad para fijar objetivos económicos y sociales. La fuerza tractora de los independentistas arrastró al resto regiones a imitar su modelo, con una duplicidad de organismos públicos muy oneroso.

En la campaña electoral que se acerca, el modelo de fiscalidad será uno de los puntos fuertes. Por lo pronto, queda claro que la inflación está elevando la carga fiscal a los ciudadanos y llenando las arcas públicas. La petición de deflactar los impuestos es de una lógica aplastante, ya que ahora cuanto más se encarecen los bienes de consumo, más crece el impuesto y más se ataca el bolsillo de los españoles.

La política fiscal debe atender al otro epígrafe de la contabilidad: el gasto. Ante la crisis, es obligado suprimir gasto ineficiente, porque buscar más dinero no es operativo sin antes atajar las partidas superfluas.