Menos es más

Para un observador de la gestión realizada en los últimos años por nuestros gobiernos regionales el resultado obtenido no supone ninguna sorpresa, puesto que hemos podido constatar la escasa ambición demostrada en el afán de optimizar el funcionamiento de su administración, así como la llamativa resistencia a la práctica de evaluar la gestión realizada como paso previo a la rendición de cuentas. Si los gobernantes están realmente interesados en mejorar la calidad de los servicios públicos, la eficiencia de la administración debe estar entre las prioridades de su agenda política.

La eficiencia no se consigue sólo con leyes, pues la abundancia del derecho suele conllevar la ignorancia en su aplicación, sino con una profunda transformación de actitudes y con la participación efectiva de todos los órganos y entidades del sector público en un proceso de transformación que incluya medidas de mejora de la calidad normativa, de simplificación de procedimientos, de digitalización de la gestión y de racionalización administrativa. No se trata de actuar de manera aislada en cada ámbito, sino de diseñar una estrategia global de transformación de la cultura organizativa e implicar a los empleados públicos en su desarrollo, con un liderazgo al máximo nivel para catalizar el proceso de cambio.

La eficiencia de los servicios públicos requiere también simplificar el entramado de organismos y empresas, atraer talento a la política para gestionar con acierto, apostar por la profesionalidad e independencia de los funcionarios e identificar la normativa que debe reformarse para que no interfiera en las iniciativas capaces de crear riqueza. Además, hay que emprender la digitalización de los procesos internos para transformar la gestión e incrementar la agilidad de las unidades y, lo que es más importante, permitir que los ciudadanos y empresas puedan consultar el estado de sus expedientes y aportar documentación a los mismos, porque si ignoramos la íntima relación entre la digitalización y la atención a la ciudadanía nos encontraríamos ante un trampantojo que estaría conculcando el derecho del interesado a conocer el estado de tramitación de sus procedimientos y a obtener copia de los documentos contenidos en los mismos.

No basta con que las administraciones inviertan mucho en recursos tecnológicos si éstos no mejoran la eficiencia en la gestión. Si se quiere lograr una digitalización efectiva debe existir una plena armonía entre la tecnología, la simplificación de procedimientos y eliminación de trámites, la organización y rediseño de los puestos de trabajo y la atención a la ciudadanía, con una gestión coordinada de la atención presencial y del canal telemático, de manera que se evite la llamada 'brecha digital' y se garantice la igualdad en el acceso a los servicios.

Según el Boletín estadístico de personal al servicio de las administraciones públicas, que publica la Secretaría de Estado de Función Pública, en Cantabria había 28.172 empleados públicos, a 1 de julio del pasado año, dependientes de la administración autonómica, para cuya retribución el presupuesto de la comunidad autónoma destinó en 2023 la cifra de 1.176 millones de euros. En el año 2004 la administración autonómica tenía 17.911 efectivos y destinaba a gastos de personal 568,64 millones de euros, por lo que el incremento ha sido de 10.261 personas en 20 años, a un ritmo de 513 efectivos por año, mientras que en el capítulo de coste el incremento ha sido de 607,36 millones de euros, un 106,8% en dicho periodo.

El presupuesto dedicado a personal, así como el número de los empleados públicos se incrementa año tras año, sin que veamos una mejora en la prestación de los servicios públicos. Tal vez haya llegado la hora de analizar la eficiencia en la gestión que se realiza y los rendimientos del personal para rectificar la tendencia apuntada, porque un sector público excesivamente grande, supone un lastre para la actividad económica, ya que da lugar a una burocracia excesiva y costosa, impuestos elevados y políticas opacas, destinadas a satisfacer los intereses propios de los gobernantes y de sus funcionarios, en lugar de los de la sociedad. El tamaño del sector público y la calidad institucional son factores determinantes para maximizar el desarrollo económico y el bienestar social.