La administración cántabra necesita control y fijación de objetivos

La efectividad de las políticas del gobierno depende de la capacidad operativa de su administración. El éxito en la gestión de cualquier organización depende de su capacidad para planificar las actuaciones que debe llevar a cabo en un período de tiempo. Planificar significa fijar los objetivos a alcanzar y determinar las acciones y recursos necesarios para el logro del resultado esperado. El primer condicionante para el funcionamiento del sector público de nuestra región es la inexistencia de planificación y de objetivos auditables, ya que en esa coyuntura no se gobierna, sólo se despacha lo que va surgiendo.

Propuestas para la planificación de la acción de gobierno:

1. Establecer la obligatoriedad de elaborar y publicar, en los primeros seis meses, el plan de gobierno de cada legislatura, identificando los planes, los proyectos y las actuaciones más significativas.

2. Modificar la Ley de Cantabria 5/2018 de Régimen Jurídico para subsanar la omisión del principio de planificación, dirección por objetivos y evaluación de la gestión que debe presidir la actividad de cualquier administración pública, e incluir las disposiciones precisas para establecer la necesidad de concretar los planes y programas de actuación de los órganos directivos, así como su evaluación y difusión de los resultados obtenidos.

3. Revisar y actualizar los contenidos del portal de transparencia y, para dar cumplimiento a la Ley de Cantabria 1/2018 de Transparencia de la Actividad Pública, incluir la publicación de los planes, programas y evaluaciones de eficiencia de los órganos directivos y entidades integrantes del sector público institucional.

Propuestas para impulsar la evaluación y la rendición de cuentas:

4. Potenciar el control interno de la administración desarrollando anualmente un plan de evaluaciones e inspecciones, con el propósito de determinar el grado de eficacia y eficiencia de las políticas y de la gestión que realizan los órganos directivos y las entidades públicas.

5. Incrementar el control de la contratación externa de servicios, de forma que sólo se recurra a esta opción cuando la administración carezca, de manera fehaciente, de medios materiales y humanos.

6. Los órganos directivos deberán elaborar sus memorias anuales de la actividad realizada, que serán objeto de publicación en el Portal de Transparencia.

7. Todos los servicios deberán establecer sus cuadros de mando e indicadores de su gestión con el propósito de fomentar la dirección por objetivos y favorecer la evaluación. Las unidades con atención al público redactarán y harán públicos los compromisos de calidad que asumen en su gestión.

8. Se pondrá en marcha el Consejo de Supervisión de las entidades integrantes del Sector Público Institucional, como órgano responsable del control de su gestión y de proponer mejoras.

Propuestas para racionalizar y simplificar la gestión administrativa:

9. Abordar una reforma profunda del sector público para racionalizar la estructura administrativa y el sector empresarial y fundacional, eliminando las unidades y entidades que implican disfunciones y duplicidades e incrementan el gasto público.

10. Elaborar y poner en marcha, de manera urgente, un plan de simplificación procedimental y mejora regulatoria, con medidas que afecten a todos los ámbitos competenciales, priorizando las dirigidas a reducir cargas administrativas en los sectores productivos con mayor aportación al valor añadido bruto, al empleo y a la creación de empresas.

11. Revisar los requisitos exigidos para el ejercicio de actividades económicas, impulsando la utilización de la declaración responsable y la comunicación previa, minimizando la intervención administrativa, sin perjuicio de las actividades de comprobación e inspección posterior que la administración tiene atribuidas.

12. Promover la sustitución de informes preceptivos por visados de órganos competentes o certificados de entidades colaboradoras, para acreditar la verificación de la documentación que los interesados deban presentar ante la administración.

13. Redistribuir las cargas de trabajo entre órganos, mediante la utilización de las figuras que, a tal efecto, recoge la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Propuestas para una digitalización real de la administración:

14. Implantar soluciones corporativas que permitan la digitalización integral de la gestión interna y el acceso de los ciudadanos y las empresas a la tramitación completa de los expedientes que les conciernen.

15. Priorizar la implantación de un gestor de expedientes de contratación que permita su tramitación electrónica y aporte un plus de agilidad e integridad, ya que estos procedimientos tienen unas características que hacen necesario disponer de una herramienta que resuelva de manera integral su gestión, desde la fase de inicio hasta la liquidación del contrato.

16. Establecer cauces alternativos a la administración digital, para garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos a quienes no disponen de capacidades o medios de tramitación telemática; en ningún momento se relegará la atención presencial frente a la telefónica y la telemática.

Propuestas para profesionalizar la función pública:

17. Desarrollar la dirección pública profesional prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público, ajena al ámbito político y vinculada a la evaluación de la gestión realizada, con la misión de planificar y velar por la correcta ejecución de las actuaciones a seguir, de acuerdo con la acción de gobierno y las prioridades políticas.

18. Determinar los puestos de trabajo que serán necesarios en el futuro, identificando las competencias precisas para su desempeño y analizar los puestos actuales que deben modificarse o suprimirse.

19. Promover la movilidad del personal, de manera que un trabajador público pueda ser trasladado de una unidad a otra por razones coyunturales del servicio.

20. Implantar la evaluación del desempeño de los empleados públicos acabando con la uniformidad a la hora de determinar los componentes variables de la retribución.

El número de empleados públicos de la administración regional se ha incrementado en los últimos veinte años a un ritmo de 513 efectivos por año y los gastos de personal suponen en 2024 un 36% del presupuesto total de la Comunidad Autónoma, sin que se aprecien mejoras en la calidad de los servicios públicos.

Este artículo está suscrito por los siguientes miembros de Foramontanos Siglo XXI: Alberto Antolín; Ramiro Bedia; Carmen Carrión; Daniel Casanova; Carlos Casanueva; Manuel Ángel Castañeda; Alberto Cuartas; Javier Domenech; Francisco Díez; Antonio Eraso; Alberto Fernández de la Pradilla; Tomás Ramón Fernández; Carlos Fernández-Lerga; José García-Morale; Mercedes Ortega; Juan Manuel Pérez de Guzmán; Gervasio Portilla; Rafael Puyol; Julio Rama; Pedro Rivero; Carlos J. Rodríguez; Eduardo Rodríguez Rovira; Ignacio Rosales; Carmen Sáiz-Ipiña; Marisol Ugarte.