Balance de 18 meses

Sobre las cuestiones básicas hay dos claros aciertos del gobierno regional que preside María José Sáenz de Buruaga: El primero, y más relevante, afrontar el gobierno en solitario, sin pacto con Vox. En estos meses hemos asistido a la licuación de Vox, que ha perdido uno de sus cuatro diputados y se ha enredado en una lucha interna que hubiera puesto en riesgo la estabilidad del ejecutivo regional. La fórmula elegida por el PP de afrontar la gobernabilidad en solitario, con el apoyo externo del PRC, se ha demostrado fiable a pesar de las lógicas dudas iniciales. Se han aprobado los presupuestos y la colaboración entre ambas fuerzas políticas permite avances.

El segundo acierto ha sido abrir vías de colaboración con el gobierno central: Asuntos vitales que llevaban años atascados se han resuelto. El bloqueo de uno de los proyectos estrella del gobierno, la Estación Intermodal de La Pasiega, tiene ya el visto bueno del gobierno Central y, por tanto, ahora sí parece del todo punto posible que ese «puerto seco» pase de proyecto a realidad. Es cierto que ese acuerdo se ha alcanzado con cesiones, pero finalmente tiene luz verde.

Otro acuerdo entre Cantabria y Madrid ha sido culminar la obra de los espigones de La Magdalena y hacerlo como fue la propuesta original del IH. Un acuerdo que deja en muy mal lugar al PSOE cántabro y desnuda a quienes protestaron contra el criterio científico.

Frente a estos aciertos de calado aparecen otros temas que siguen sin resolverse o que han empeorado. Es preciso destacar un hecho llamativo en el acontecer de la presente legislatura: la cascada de ceses de altos cargos, que se inició con el relevo del director general del ICASS, siguió con la crisis de gobierno que obligó al cese de los titulares de Turismo y Cultura y también el de Desarrollo Rural. Buena parte del personal directivo fue relevado y continuó con el rosario de ceses/dimisiones en el Servicio Cántabro de Salud. Estos cambios reflejan improvisación y no contribuyen a la estabilidad del equipo directivo.

Cabe mencionar también que, a pesar del compromiso adquirido en campaña, no se ha reducido el número ni la estructura de las consejerías. Tampoco se ha abordado la racionalización del entramado administrativo. Se mantiene el número de altos cargos en cifras récord y crece sin parar el número de empleados públicos (más de 28.000 efectivos), a pesar de que el gasto en personal supone más de un 36% del presupuesto de la comunidad. Parece que la austeridad que presidió la gestión del PP en la legislatura 2011-2015 ha quedado en el olvido y no preocupan los cambios que se pueden producir con el futuro sistema de financiación autonómica, a pesar de que los ingresos procedentes del mismo suponen los dos tercios del presupuesto de la región.

Ante la situación de incumplimiento de la regla de gasto y la incertidumbre sobre la «financiación singular» para Cataluña, es imprescindible seguir haciendo todo lo posible en materia impositiva, siempre con la meta clara de reducir la carga fiscal a los cántabros.

La gestión sanitaria ha sido uno de los caballos de batalla de lo que va de legislatura. El gobierno impulsó un plan para disminuir las listas de espera y habilitar quirófanos para tratamientos programados durante los fines de semana. Con todo, la cuestión de fondo es que España necesita una mayor inversión en sanidad, ya que tiene un gasto de 1.907 euros por habitante, muy por debajo de los países europeos con los que se compara.

España cuenta con profesionales sanitarios (medicina y enfermería) con una gran formación que son envidia de otros países europeos. Además, tiene una red de hospitales y centros de salud que para sí quisieran otras naciones. Sin embargo, la ideología imperante impide que exista una colaboración público-privada razonable al igual que existe por ejemplo en la educación. Es importante entender que los deseos de los enfermos es la curación de su enfermedad, en un sistema que funcione y sea asequible, independientemente de que el médico que le trate trabaje en la sanidad pública, en la privada, o en ambas.

En materia fiscal, de otro lado, se han dado algunos pasos en la buena dirección, pero los tímidos avances hacia la rebaja de la carga impositiva a los cántabros no resultan suficientes, como es el caso de la deflactación «a medias» de los principales impuestos. Cantabria compite con otras regiones y en este campo, la fiscalidad podría ser una baza para diferenciarse y atraer inversiones que generen empleo y riqueza. La región debe ser fiscalmente atractiva.

Tanto ganaderos como agricultores siguen descontentos con una política que perjudica su desarrollo y es evidente la caída de trabajadores en el sector. Los ataques de los lobos aumentan. El turismo es una de las fortalezas de nuestra economía, pero es una actividad con trabajadores de bajos salarios y débil preparación. El panorama industrial, clave para mantener los puestos de trabajo especializados y con buenos sueldos, se mantiene estático y sigue siendo un factor clave en el PIB regional.

La economía Azul realiza pequeños avances en algunos sectores. El puerto de Santander mantiene un buen ritmo de crecimiento, la entrada de la empresa Boluda con la terminal de contenedores y los avances en el aparcamiento en altura para el tráfico de coches, suponen un avance sustancial.

La reducción de los trámites burocráticos, otra asignatura pendiente, mejoró con la ley de desburocratización, pero aún está muy lejos de lo óptimo, porque mientras se facilitan determinados pasos administrativos se crean otros con una rigidez paralizante. Para ganaderos y pequeñas empresas la burocracia es un hándicap casi insuperable.

Para el año 2025 es necesario que el gobierno regional acelere la transformación de Cantabria, porque la dirección elegida es buena. La competencia con otras comunidades obliga a realizar los cambios con la mayor presteza.

Firman este artículo: Ramiro Bedia, Daniel Casanova, Carlos Casanueva, Manuel Ángel Castañeda, Carmen Carrión, Enrique Conde, Enrique De Areba, Antonio Eraso, Carlos Fernández-Lerga, Alberto Fernández de la Pradilla, Tomás Ramón Fernández, José García-Morales, Mercedes Ortega, Juan Manuel Pérez de Guzmán, Ramón Pérez Maura, Gervasio Portilla, Rafael Puyol, Julio Rama, Pedro Rivero, Carlos J. Rodríguez, Eduardo Rodríguez Rovira, Ignacio Rosales, Carmen Sáiz-Ipiña, Javier Santacruz, Marisol Ugarte y Eduardo Zúñiga.