Suprimir el Impuesto de Patrimonio: cuestión de justicia

Foramontanos Siglo XXI propuso, en un artículo sobre las medidas urgentes a implantar en los cien primeros días del nuevo gobierno, esta rebaja de la presión fiscal y la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio. El nuevo Ejecutivo cántabro comienza a tomar medidas en la senda más apropiada para mejorar la vida de los cántabros.

Exponemos cinco razones por las que su bonificación debe ser inminente:

1. El Impuesto de Patrimonio, en Europa, sólo existe en España (derogado o bonificado al 100% en la mayoría de las Comunidades Autónomas), en Noruega y en Suiza a nivel cantonal.

2. Un estudio de Sigma Dos para Forbes señala que un 62% de los residentes cántabros consideran que Cantabria tiene peores posibilidades fiscales y empresariales que otras comunidades (DM 30-11-22)

3. El Cescan (Consejo Económico y Social de Cantabria) reclama la supresión del Impuesto de Patrimonio para evitar la fuga de rentas a otras comunidades (DM 2-12-22)

4. Existe un dato cuantitativo llamado Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) que permite a los gobernantes, empresarios y contribuyentes, medir y comparar su sistema fiscal con el de las demás autonomías. Este índice ha sido diseñado para analizar la estructura del sistema fiscal de cada comunidad autónoma, y sirve de guía para que cada CC AA pueda mejorar su sistema tributario haciéndolo más atractivo y competitivo para empresarios y residentes.

Los datos existentes demuestran que de 17 regiones y dos ciudades autónomas, Cantabria ocupaba el puesto 12 en los años 2021 y 2022. En tanto que sus regiones limítrofes como Asturias ocupaba el puesto 10 en los años 2021 y 2022; Álava, el puesto 3 en 2021 y 4 en 2022; Guipúzcoa, el puesto 13 en 2021 y 2022; Vizcaya, el puesto 2 en 2021 y 3 en 2022; Castilla y León, el puesto 5 en 2021 y 6 en 2022, mientras Madrid ocupaba el puesto 1 en 2021 y 2022.

La conclusión es que Cantabria, en estas condiciones, no puede ser competitiva.

5. En Cantabria, en 2006, la cuantía de ingresos por el Impuesto de Patrimonio ascendió a casi 32 millones de euros y el número de contribuyentes superó los 3.500. En el año 2021 se ingresaron 15,6 millones de euros, siendo el número de contribuyentes 2.857. Es decir, en 15 años, la recaudación se ha reducido en el 51,25% y el número de contribuyentes en el 18,37%.

Esto nos demuestra que en Cantabria perdemos las rentas y patrimonios en beneficio de otras comunidades autónomas más competitivas, y provocamos que esos contribuyentes presenten su IRPF en otra región sin Impuesto de Patrimonio, con la consiguiente merma de recaudación del IRPF en nuestra Comunidad. Esta situación perjudica significativamente nuestras recaudaciones para Sanidad, Educación y Servicios Sociales. En consecuencia, entendemos que la bonificación al 100% del Impuesto sobre el Patrimonio debiera hacerse efectiva y en este año 2023 (con efectos para el impuesto del ejercicio 2023 a presentar en el 2024 y para los años siguientes), como han realizado otras comunidades autónomas, mediante la correspondiente ley de acompañamiento.

Por otra parte, creemos muy importante señalar que, según el impecable informe sobre fiscalidad del Cescan, el Impuesto de Patrimonio nació como un instrumento de control con el fin primordial de facilitar la comprobación de las variaciones patrimoniales de las personas físicas, como complementario al IRPF, en cuanto se calculaba y se calcula sobre el ahorro. Tampoco podemos ignorar la doble imposición que implica, al colisionar con gravámenes como el IRPF, el IBI o la plusvalía municipal, lo que para un sector importante de la doctrina provoca una situación de inconstitucionalidad.

De igual forma, es inexplicable que si un contribuyente posee unos ahorros que provienen de su trabajo o de una actividad económica empresarial o profesional, y los tiene materializados en fondos de inversión, tributará en una escala progresiva. En tanto que si los ahorros de otro contribuyente estuvieran invertidos en viviendas y locales comerciales, con un patrimonio 10 veces superior al primer contribuyente, arrendados de forma empresarial, no tiene que pagar un solo euro por Impuesto de Patrimonio.

¿Cómo se entiende que alguien que invirtió sus ahorros en comprar valores de sociedades que cotizan en bolsa pueda llegar a tributar en Cantabria por el Impuesto de Patrimonio cantidades muy significativas en un solo año, y que quien posee una participación en una sociedad con igual valor al ahorro anterior no tenga coste alguno por el hecho de que su familia llegue a ostentar al menos el 20% de la misma, en la que algún miembro ocupe un cargo directivo y perciba una retribución por su trabajo que le signifique ser la más importante entre otras posibles rentas de igual naturaleza?

Este último ejemplo y todo lo expuesto previamente demuestran claramente la injusticia de este impuesto.

Apunta el informe del Cescan que la bonificación del Impuesto sobre el Patrimonio, sería beneficiosa para igualarnos a otras comunidades y evitar que las personas físicas simulen cambios de residencia.

De esta forma la recaudación autonómica por su IRPF se quedaría en las arcas públicas de Cantabria. Hay que hacer notar que un contribuyente con una base liquidable de 40.000 euros, y que teóricamente fuese también sujeto pasivo del Impuesto sobre el Patrimonio, su cambio de residencia fiscal implica la pérdida, en las arcas públicas cántabras, de un rendimiento del IRPF cedido de 7.400 euros cada ejercicio que mantenga la residencia fuera de Cantabria.

Estamos obligados a favorecer una Cantabria emergente y competitiva. Tenemos una naturaleza excepcional y unos profesionales excelentes. Nos falta lograr que los que tienen viviendas en la región, y quieran fijar aquí su residencia, no encuentren en la fiscalidad un obstáculo para hacerlo.

Firman la presente tribuna los siguientes miembros de la asociación Foramontanos Siglo XXI : Calixto Alonso, Daniel Casanova, Carlos Casanueva, Carmen Carrión, Manuel Ángel Castañeda, María Corral, Javier Domenech, Antonio Eraso, Alberto Fernández de la Pradilla, Carlos Fernández-Lerga, José García-Morales, Mercedes Ortega, Juan Manuel Pérez de Guzmán, Pedro Rivero, Eduardo Rodríguez-Rovira, Carmen Saiz-Ipiña y Juan Ramón Vega.