Morir con dignidad y, si es posible, con libertad

También debo agradecer a la Sanidad Pública todos los medios técnicos y humanos que durante 7 años ha puesto a nuestra disposición sin escatimar en esfuerzos ni en gastos.

Asimismo, quiero aprovechar para testimoniar nuestro afecto y reconocimiento a los excelentes profesionales que hemos tenido la suerte de tener a nuestro lado: al doctor Ángel Ibarra, nuestro admirado médico de familia; a los doctores Ramos y Domínguez (del servicio de Urología); al doctor Diego Cacho (del Servicio de Oncología), a Rosa y Víctor (del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital de Laredo), al doctor Diego (urólogo del Hospital de Laredo) y al doctor Sánchez (médico de familia del Ayuntamiento de Arnuero), el tutor dedicado a conseguir cuanto antes la aprobación de una práctica de la eutanasia que en este caso (como en muchos otros) no llegó a tiempo, aunque todos los documentos necesarios fueron entregados en plazo y sin demora y con llamadas de apremio a los últimos responsables.

Yo contemplé la frustración de este excelente joven profesional que vio cómo un paciente que había firmado en el año 2022 el testamento vital y posteriormente todos los demás documentos y pruebas exigibles, no pudo ejercer su derecho a elegir el momento de su muerte con libertad y de morir con la dignidad que él deseaba. Porque no es lo mismo morir rodeado de tus íntimos, oyendo la música que tú eliges y con la tranquilidad que te da hacerlo en tu casa y en tu pueblo, que morir después de tres días sedado, es decir, inconsciente, y con tu cuerpo deteriorado por una inmovilidad total.

La asociación DMD criticaba en su valoración de los tres años de la ley de Eutanasia en España, la «excesiva duración» del procedimiento de ayuda para morir, con una media de 75 días, cuando no debiera prolongarse más de 35, según su vicepresidente Fernando Marín.

Por eso hoy quiero dejar constancia con nuestra experiencia de que quizás ha llegado el momento de revisar determinados supuestos y de reconocer que no todos los casos son iguales. Un paciente diagnosticado de un tumor con metástasis que espera su final debe ser tratado como un ser adulto en posesión de todas sus facultades y muy consciente de lo que desea para su final. El exceso de burocracia y trámites innecesarios, con los consiguientes plazos y retrasos en la ejecución de los mismos, hace que estos pacientes, en los que la Sanidad Pública ha invertido una cantidad ingente de recursos, vea aún el final de su vida con temor a no poder morir dignamente.

Las comisiones de garantía y evaluación deberían ser órganos administrativos dedicados a verificar el cumplimiento de la Ley y no a poner en cuestión las conclusiones de los clínicos, como ocurre en algunas ocasiones, dando lugar a que el paciente se pueda sentir maltratado por las instituciones.

Porque ¿qué sentido tiene que después de manifestar éste en repetidas ocasiones su voluntad inequívoca, durante tres años, deba ser sacado de su domicilio, trasladado en una ambulancia desastrosa que empeora de forma ostensible su precario bienestar, para que otro especialista corrobore lo que ya han confirmado tres servicios clínicos y uno de Cuidados Paliativos, junto con dos médicos de familia?

Según los datos de 2022, 155 personas murieron en España mientras se tramitaba su solicitud de eutanasia. Y se calcula que en 2024 habrá un tercio que seguirá por ese camino.

Las comunidades autónomas tienen la obligación de facilitar el desarrollo de las leyes aprobadas en nuestro Parlamento y cooperar con el Ministerio de Sanidad publicando los informes de evaluación de su cumplimiento. Después de tres años hay ocho comunidades autónomas que no han publicado un solo informe sobre el desarrollo de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en su comunidad.