De profes y consejeros

Lo que Silva y Buruaga quieren para sí –no perder poder adquisitivo, sentir que sus enormes responsabilidades son retribuidas– no lo desean, sin embargo, para los docentes cántabros, que han de ver cómo sus sufridos sindicatos rascan de diez en diez euros para corregir la pérdida de su poder adquisitivo desde 2011, que es cuando se congeló la parte de sus nóminas que abona la Consejería. La última vez que el Gobierno de Cantabria les subió el sueldo a los profesores, el aceite de oliva estaba a tres euros el litro.

Alguien dirá que todas las profesiones debieran ver adecuado su salario al nivel de vida, e incluso que las enormes diferencias salariales entre unos y otros (y, sobre todo, otras) deberían ser mucho más contenidas, con salarios máximos y diferencias mínimas entre ellos. Otros dirán que las rentas del trabajo deberían tener una carga impositiva menor que las del capital; que quienes cobran por rentas paguen mucho más para que quienes lo hacen por trabajar cobren menos. Quienes digan eso tendrían razón, pero, si la Administración no adecúa los salarios que de ella dependen, ¿qué esperanza queda para los otros?

Aduce el consejero que no hay cuartos para esta feria. Haberlos, haylos: la deuda (e intereses) que pretende perdonar el Gobierno central suponen un espaldarazo económico importante (llegarían para financiar esta subida muchos, muchos años), y, sobre todo, no podemos estar hablando en serio de que vamos justos de dinero cuando perdonamos impuestos a discreción, como Patrimonio, Sucesiones, o Donaciones. Ya se sabe: quien se corta las alas no puede volar. Silva y Buruaga quieren ver si son capaces de torcerle la mano a la profesión docente, que ha sido poco amiga de huelgas y otras alteraciones del orden en virtud de su inmensa responsabilidad para con sus estudiantes y sus familias. Quizá descubran que la paciencia tiene sus límites.

Luego están las formas. El consejero llegó a proponer (parece que ahora se ha replegado) una penalización de sueldo para aquellos docentes que disfrutasen de sus permisos. Si se hubiera aceptado esta idea, un docente con cáncer cobraría menos por estar enfermo. Supone un sindiós, una barbaridad, queremos creer que debida a un error de cálculo o a una estrategia (nefasta) de negociación. No dudamos de la buena voluntad del consejero para llegar a un acuerdo, pero proponer un dislate como ese deslegitima otros esfuerzos.

Los docentes llevamos diecisiete años sin que la Consejería haga su trabajo y adecúe los salarios al coste de la vida, y eso sin contar con que, en 2011, se decidió no cumplir con lo acordado en 2008. La Administración tiene la capacidad y la responsabilidad, esa que pedimos a los estudiantes, de asegurar que la profesión docente, sobre la que recaen enormes responsabilidades sociales y no tantos recursos, no vea mermado su poder adquisitivo. Que existan ajustes de los sueldos respecto al coste de vida tiene que ser la normalidad, no una lucha a brazo partido.

Una propuesta alternativa, que los sufridos docentes sin duda aceptarían, sería que el Gobierno cántabro decidiera regular el mercado de la vivienda tomando como punto de partida la ley estatal (como va a hacer Asturias) o que pusiera coto a los precios de la cesta de la compra; también ayudaría que el PP invirtiese en transición ecológica en lugar de destrozar montañas con carreteras; o que cumplieran su obligación y adoptasen un rol de impulsores del desarrollo económico que se aleje de la obsesión con el turismo y los pelotazos para generar estabilidad económica duradera en Cantabria. Pero pedirle estas cosas al PP, igual que pedirles una negociación seria y justa, parece como pedir que un pedazo de granito baile: frustrante, agotador e inútil.