El franquismo resucita

Franco congeló el precio de los alquileres de las viviendas y esa fórmula se mantuvo hasta la llegada del Gobierno de Felipe González, que reformó completamente un sistema que propiciaba alquileres a precios muy bajos, absolutamente por debajo del mercado. La reforma tecnocrática impulsada por el ministro Miguel Boyer fue decisiva para que inmuebles antiguos se reformaran y para impulsar la vivienda en alquiler. Las consecuencias de bloquear los alquileres es una de las causas de que España sea uno de los países en los que menos porcentaje de personas viven en casas de las que no son propietarios y, como consecuencia, la nación en la que el número de propietarios es más elevado.

El Gobierno de coalición entre socialistas y la ultraizquierda regresa a las ideas franquistas de intervenir el mercado de alquiler de viviendas. Nada nuevo bajo el sol. Los efectos de poner en práctica la idea de mantener en precios artificiales las rentas inmobiliarias no sirvió para abaratar los alquileres, simplemente benefició temporalmente a quienes ya eran inquilinos y cercenó la posibilidad de que nuevos propietarios rentaran sus casas.

Los sistemas totalitarios tienen una base común, sean de izquierdas (comunismo) o derechas (fascismo): eliminar la libertad individual y transformar la sociedad en un colectivo que está bajo la dirección de un grupo dirigente que decide lo que es bueno o malo para ellos. Para los amnésicos no está de más recordar que Franco legisló para, de facto, impedir el despido de los trabajadores... a no ser por causas políticas; construyó cientos de miles de viviendas para los obreros, extendió la seguridad social e hizo públicos servicios antes en manos de la iniciativa privada. Propició lo público sobre lo privado, un tic común entre los gobernantes que quieren tener bajo su bota a los ciudadanos.

El problema de la vivienda en España, y especialmente de las destinadas al alquiler, es una realidad que frena la emancipación de los jóvenes y supone un handicap para la movilidad laboral. La forma de reducir el precio de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, reside en incrementar la oferta. Los gobiernos regionales tienen en sus manos mecanismos para liberar más suelo edificable, reducir los impuestos que gravan las diferentes fases de la construcción e implementar ayudas a quienes adquieran o alquilen una vivienda. Para reducir los precios del alquiler el primer paso es generar la necesaria seguridad jurídica para el propietario, unas leyes que eviten los impagos y no dificulten los desalojos. También determinado trato fiscal para quien coloque su inmueble en el mercado del alquiler.

Es imprescindible la protección de quienes no tienen posibilidades económicas para acceder a una vivienda. Y es ahí donde el gobierno debe actuar, bien con ayudas directas para pagar la renta o especialmente en la construcción de pisos de promoción pública, que se pongan inmuebles en el mercado de alquiler a precios bajos. Si, como parece, la rentabilidad de la vivienda es tan alta bastará con que los pisos de promoción pública se alquilen con una renta moderada y los beneficios se destinen a nuevas construcciones, con lo que en un plazo no muy largo se multiplicará el parque de viviendas accesibles, al mismo tiempo que automáticamente se regulará el parque de viviendas en alquiler.

Los planes para obviar el mercado y cercenar la libertad individual han demostrado su fracaso en diferentes países. Recurrir a vetustas recetas, aplicadas hace ochenta años, no solucionará el problema. Por el contrario lo agravará al reducir la oferta de pisos en alquiler.