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Volvemos sobre esta cuestión, porque la inacción que siguió al primer brote pandémico por el covid-19 se va superando, de modo que ya tenemos un calendario y se ha avanzado en la negociación, tanto que la presidencia alemana ha logrado cerrar un ... acuerdo en el Consejo de Agricultura en el que fija su posición. Además, ha comenzado a fluir la actividad del Parlamento Europeo (PE). En España, las Organizaciones Profesionales (OPAs) se posicionan ante el acuerdo y el debate entre el MAPA y las Comunidades Autónomas en el problema de sus «sobres» de financiación, que quieren mantener.
En el acuerdo del Consejo de Agricultura se han validado las propuestas de la Comisión Europea (CE): planes estratégicos elaborados por los Estados miembros (EE MM), a los que conceden más margen de maniobra, condicionalidad reforzada por las actuales medidas ecológicas, nuevos ecoesquemas en el primer pilar para satisfacer las necesidades medioambientales específicas, 30% de los fondos del segundo pilar para medidas ambientales o climáticas, y una norma de seguimiento de resultados basada en indicadores de ejecución.
Nuestro ministro de Agricultura, en la Comisión específica del Congreso, ratificó que los agricultores/ganaderos españoles contarán con más de 50.000 millones de euros para el periodo 2021-2027, al añadir aportaciones del Estado, Autonomías y fondos de recuperación de la UE y del Plan Nacional de Inversiones y Reformas. En cualquier caso, respecto de la financiación de la UE, el 60% de los pagos directos serán destinados a la sostenibilidad de los productores (integra el pago básico, el pago redistributivo, que es una ayuda adicional destinada a las primeras hectáreas de una explotación, las ayudas conjuntas y las intervenciones sectoriales). España está en condiciones de presentar un borrador de su Plan Estratégico en el primer semestre de 2021 y el definitivo en el segundo. La Comisión lo aprobaría a comienzos de 2022; así daría tiempo para preparar la normativa legislativa y empezar a aplicarla en 2023.
El ministro insiste en que la clave de la futura PAC es la figura del agricultor genuino (veremos cómo se define), que accederá a la ayuda básica a la renta, a los ecoesquemas y a las ayudas vinculadas a la producción, en que la agricultura familiar y profesional es el modelo del Gobierno y en que la PAC no es «un fondo de compensación interterritorial, sino de ayuda a agricultores y ganaderos»; así responde a las Comunidades Autónomas que aspiran a no perder fondos con la reforma.
A este particular, desde el MAPA se dice que hay acuerdo con ellas, pero cada una defiende su posición: en general recelosas en ecoesquemas, se apuntaban a porcentajes bajos en cuanto a su financiación; unas optaban por la desaparición de los derechos históricos y otras defendían el agricultor pluriactivo haciéndolo compatible con el profesional; todas quieren más fondos Feader; las más quieren fondos para luchar contra el despoblamiento; a mi entender, la ganadería, no muy mencionada, merecería un trato mucho más generoso que en la reforma precedente. Ahora que ya se conocen los términos del acuerdo del Consejo, aunque no sean definitivos, las Comunidades Autónomas redoblarán sus esfuerzos para no perder un euro.
En fin, la presidencia alemana pretendía y consiguió llegar a un compromiso sobre la PAC en el Consejo de Agricultura del 19 y 20 de octubre, con la finalidad de que puedan arrancar las negociaciones a tres bandas: Consejo, PE y CE, los trílogos en el lenguaje comunitario, con el objetivo de que los reglamentos de aplicación se publiquen en el primer semestre de 2021.
Las conversaciones finales en dicho Consejo giraron en torno a la cuestión de la «arquitectura verde», los ecoesquemas. Había consenso entre los 27 para unos ecoesquemas obligatorios para los Estados Miembros, pero voluntarios para los agricultores/ganaderos, con normas semejantes en todos ellos en evitación de diferencias de competitividad dentro de la UE, y aplicados con flexibilidad presupuestaria para evitar perder fondos. El escollo en las conversaciones fue la cuantía y la obligatoriedad de este modelo de primas destinadas a financiar actuaciones que incidan en el salto verde y respetuoso con el clima. Lo acordado implica que se deberá dedicar a ecoesquemas el 20% de los pagos directos del presupuesto del primer pilar.
Ahora se entrará en los trílogos citados, especialmente con el PE, que ya ha fijado por votación en plenario su posición sobre el acuerdo del Consejo. Parece que el paso por el PE no será un mero trámite. Los ecosistemas constituyen la clave del debate que enfrenta a los Gobiernos europeos con los grupos más críticos del PE, donde los Verdes, con mucho más peso político que en el Parlamento anterior, creen que con ese 20% será imposible cumplir con el «Pacto Verde». Esos grupos críticos recuerdan que la redacción de las propuestas de la CE, ahora respaldadas, es anterior a la presentación del «Pacto Verde» de la UE y con este argumento reclamaban negociar una nueva propuesta más proclive a la urgencia climática. Sin llegar a eso, el PE ha acordado dedicar obligatoriamente a los ecoesquemas un 30% del presupuesto del primer pilar, en vez del 20% del Consejo. Prometen ser movidas las negociaciones.
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