La futura PAC, más cerca

Una de las críticas al acuerdo del Consejo es el alto grado de discrecionalidad concedido a los Estados Miembros (EE MM) para atribuir y distribuir las ayudas de la PAC; es mucho lo que tienen que decidir. En España serán fundamentales las negociaciones entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Agricultura (MAPA) para definir los aspectos clave tales como:

-Qué es el «agricultor genuino» (los EE MM lo definirán «conforme a criterios objetivos y no discriminatorios», si lo consideran oportuno).

-El inicio de ayudas a nuevos sectores, la convergencia interna de ayudas, y la desaparición de los derechos de pago básico.

-El pago redistributivo, no implementado antes en España; era y es voluntario para los EE MM; cuántos fondos y hasta qué límite se percibirá; será importante para Cantabria, donde predominan las explotaciones de superficie reducida.

-Los sectores que recibirán ayuda asociada. La seguirán teniendo los que la tenían, pero hay un tope del 12% del «sobre» total y hay más producciones a repartir. Estas ayudas alcanzan hoy a nuestra ganadería bovina, ovina y caprina.

-La definición de los ecoesquemas (el MAPA maneja ocho opciones).

-El importe máximo de ayuda por explotación y la posible degresividad. Ese importe lo ha fijado el Consejo en 100.000 euros por explotación. Se aplicará en España.

Un detalle importante es el calendario de la nueva PAC; el acuerdo del Consejo establece que regirá desde 2023. Para que los objetivos medioambientales se logren progresivamente, se mantendrán dos años de adaptación, hasta 2025. Habrá un periodo transitorio, 2021 y 2022, durante el que agricultores y ganaderos seguirán recibiendo las ayudas, según la PAC 2014/2020, pero con el presupuesto 2021/2027.

Nuestro ministro ha destacado que el enfoque de género se integra por primera vez en la PAC, incorporándose a sus objetivos específicos. Cabrán intervenciones en el Plan Estratégico con discriminación positiva a la mujer para mejorar sus oportunidades de asumir la titularidad de explotación o pequeña y mediana empresa agroalimentaria.

Hay que subrayar aspectos del acuerdo del Consejo que no tendrán contestación en los trílogos, como la simplificación de controles en las pequeñas explotaciones, para reducir su carga administrativa, aunque los pequeños productores deberán cumplir las mismas exigencias medioambientales que los demás.

Otros serán objeto de debate: el PE quiere implantar una estrategia de intervención para cada producto agrario ante crisis que fuercen a la CE a ejercer como regulador del mercado; crear un Observatorio de mercado para los grandes sectores; establecer una reserva de crisis como instrumento permanente para ayudar a los agricultores/ganaderos ante la volatilidad del mercado (crisis lecheras, por ejemplo), con un presupuesto inicial de 400 millones de euros y un tope de 1.500 en 2027; ampliar la lista de producciones objeto de intervención pública (carnes ovina, porcina y de pollo, extendiendo el período de la intervención pública a todo el año); liberar de normas de competencia las prácticas beneficiosas para medio ambiente, bienestar animal o sanidad animal, y aumentar las sanciones por reiteración de infracciones en estas materias.

Pero habrá más discusión cuando las posiciones de Consejo, Comisión y Parlamento difieren. En cuanto a ecoesquemas, el PE, duramente criticado por su falta de ambición medioambiental, ha optado por dedicarles obligatoriamente el 30% del presupuesto del primer pilar, mientras el Consejo había decidido el 20%. No debemos soslayar que los ecoesquemas se consideran base para un pago adicional que solo recibirán los agricultores/ganaderos que cumplan condiciones medioambientales de nivel superior; no serán obligatorios para ellos, pero en la práctica es como si lo fuesen porque si no los adoptan sufrirían un recorte del 20-30% en las ayudas, según se decida.

Respecto a las ayudas a jóvenes, el PE quiere dedicarles, al menos, el 4 % del presupuesto del primer pilar, mientras el Consejo apoya el 2%, y que los jóvenes agricultores/ganaderos sean prioritarios en ayudas de Desarrollo Rural para inversiones. Sobre el pago redistributivo defiende que suponga un 6% de la dotación de la PAC del primer pilar y sea obligatorio, para apoyar a los agricultores/ganaderos de pequeñas o medianas explotaciones.

El PE en materia medioambiental es más avanzado que el Consejo, pues en medidas agroambientales ha votado destinarles 35% del presupuesto de Desarrollo Rural (segundo pilar), incluido el bienestar animal, incentivar a agricultores/ganaderos para que reserven 10% de sus tierras a elementos paisajísticos beneficiosos para la biodiversidad. Sobre la limitación de pagos y degresividad, el Parlamento vota por la obligatoriedad de reducir progresivamente la cuantía de pagos directos desde más de 60.000 euros anuales y limitarlos a 100.000 euros anuales por explotación; el Consejo aboga por que esta medida sea voluntaria para los EE MM. Visto el cuadro, será correosa la negociación, especialmente con el PE.