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El sector productor de leche de vaca en España permanece desde hace años en situación comprometida; lo demuestra la constante caída del número de explotaciones y su sensibilidad al alza de los precios de los medios de producción cuando los de la leche son bajos. ... Entre abril de 2020 y 2021, abandonaron 706 explotaciones, una cifra similar a la media anual de abandonos entre 2015 y 2019. Ahora atravesamos un período de encarecimiento del precio de la energía y de las materias primas para alimentar a los animales, que aquellas explotaciones menos competitivas no soportan. Y hace que las más pequeñas abandonen (entregas hasta 200.000 kilos).
Ha aparecido en 'Mundo Ganadero' el documento 'Competencia y normalización de relaciones entre ganaderos e industria', de los profesores Santiso y Sineiro (USC), que analiza el sector en estos últimos años. Merece un comentario. Para ellos, hay dos cuestiones principales que afectan y, en cierta medida, pueden comprometer el futuro inmediato del sector lácteo: la incapacidad de los ganaderos para reflejar en los contratos las subidas de los costes de producción, y las reclamaciones provenientes del expediente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) a determinadas industrias lácteas, ambas con una base común, las relaciones productor-industria.
En los años de referencia del expediente a las industrias, no ha existido un auténtico proceso negociador de precios. Hoy el sector cuenta con normativa para encauzar las relaciones ganadero-industria, porque los contratos obligatorios contienen las condiciones de entrega de leche y las organizaciones de productores (OPs) poseen capacidad teórica para negociar sus términos con la industria, incluso los precios. Pero la realidad es que los contratos son presentados por la industria a los ganaderos, quienes no tienen otra opción que aceptar, sin consideración de costes de producción, porque en caso contrario la leche quedará sin recoger, y si no encuentran otra industria, la alternativa sería abandonar.
Las OPs son piedra angular para canalizar los procesos de negociación; tenemos ocho, que suman el 44% de la producción nacional, lo que se traduce en fuerza con capacidad negociadora. Algo falla cuando los resultados de negociar mediante OPs parecen escasos. Las responsabilidades son atribuibles a los agentes implicados: productores renuentes a perder contacto con su empresa, industria proclive a tratar con cada ganadero y poco con colectivos, y OPs sin avanzar en estructuras operativas. Todo ello apreciando un escaso papel proactivo de las Administraciones para consolidar funcionalmente las OPs e impulsar procesos de negociación.
El tamaño para constituir OPs, 200.000 toneladas, implica a cientos de ganaderos y a numerosas industrias, y dificulta su adaptación a una negociación, que finalmente se ha de realizar de modo independiente con cada industria. Este modelo, OPs grandes, no lo adoptan Francia o Alemania. Prefieren OPs más pequeñas, frecuentemente ligadas a una sola industria, que avanzan hacia mayores estructuras. Parece que el MAPA prepara un real decreto fijando un nuevo tamaño mínimo, 100.000 toneladas. Ante una realidad insatisfactoria en negociación de precios, el sector productor tendría que crear-aplicar un modelo de relaciones que corrija una situación cronificada, fórmula que implica mecanismos de negociación entre OPs e industrias. Ambos expertos piden reflexión a las partes, visto el previsible impacto de las reclamaciones. Aludimos a miles de reclamaciones de ganaderos que demandan la restitución de cantidades que pudieran haber percibido si no se hubieran producido determinadas 'prácticas de cártel', según la CNMC, en el expediente S/0425/12-Industrias lácteas-2, en el que ha encontrado «existencia de práctica prohibida» en el mercado de leche en origen entre 2000 y 2013. Esperemos las resoluciones judiciales, pero poco se puede esperar de su contribución a definir un marco de relaciones equilibradas. Y es que la CNMC, en este y otros expedientes, no ha contribuido a facilitar la construcción de este marco, sino obstaculizando iniciativas para crearlo.
En 2004, el INLAC quería publicar un Indicador de Tendencias de Mercado de Productos Lácteos como referencia de ayuda a la negociación del precio, para normalizar las relaciones entre unos y otros, iniciativa rechazada por la CNMC. Según Santiso/Sineiro, ello tuvo graves consecuencias al impedir un patrón de formación de precios más transparente. La CNMC pudo contribuir así a la continuidad de condiciones propicias para prácticas de la industria en la fijación de los precios de la leche, que indagó y sancionó en el expediente base para las reclamaciones. Recuérdese que en el mismo periodo, la CNMC accedió sin restricciones a fusiones/adquisiciones entre empresas, soslayando sus consecuencias sobre la competencia.
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