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La mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat se reunió ayer para formalizar un acuerdo sobre «la desjudicialización» del conflicto ... político y la defensa de la lengua propia de la comunidad catalana. El compromiso de conducirse «de acuerdo a las instituciones y procedimientos democráticos» conllevaría la adopción de iniciativas de cambio legislativo antes de que finalice el año. Cambios a los que ambas partes se refieren advirtiendo de que darán cuenta de los mismos cuando los hayan acordado, pero que apuntan fundamentalmente a la modificación del Código Penal en cuanto al delito de sedición. Un asunto que llevó ayer al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a insistir en que no se contaba con la mayoría necesaria para armonizarnos con la mejor legislación europea y con la sugerencia de que sería conveniente contar con el PP. La discrepancia de la consejera Vilagrà en ese extremo, al asegurar que la mayoría está garantizada en el momento en que el Gobierno se decida a ello, alienta la impresión de que ERC ligará este tema a la negociación de los Presupuestos para 2023. Esto al tiempo que volvía a mostrarse evasiva a renunciar a eventuales decisiones unilaterales, sometidos los republicanos al marcaje que ejerce de sus socios de Junts, ausentes ayer.
El segundo acuerdo parece más concreto, pero no por ello mejor encaminado. El apoyo del Gobierno Sánchez a la literalidad de la ley autonómica sobre el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza dejando en manos de cada centro educativo la definición de su perfil lingüístico –un aval incluso en aquello que el Tribunal Superior de Cataluña ha recurrido ante el Constitucional– no solo puede dar lugar a situaciones de desprotección de derechos. Tampoco garantiza realmente el aprendizaje del catalán al término del período obligatorio de escolarización, y mucho menos su desarrollo como lengua de comunicación fuera del aula. Su utilización en el Senado o en el Parlamento Europeo puede servir para prestigiarlo socialmente desde las instituciones. Pero el desafío al que se enfrenta su futuro –como el del euskera o el gallego– es el del bilingüismo en una sociedad cada vez más abierta e integradora. Las causas que contraen la demanda y la oferta de la producción cultural en la lengua propia no son ajenas a un fenómeno global que también afecta al castellano. El Gobierno y la Generalitat se equivocan o juegan al ventajismo político simplificando e ideologizando la cuestión.
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