Garantizar equidad, garantizar futuro

Nada hay más real que esa afirmación. Fue la sociedad la que trajo la Ley de Salud Pública en los primeros años de los ochenta, que aún sigue en vigor y da respuesta a las necesidades de la pandemia. Fue también la sociedad la que demandó leyes que regularan derechos como el divorcio o la interrupción voluntaria del embarazo en aquella tardía transición a la democracia que vivimos en España tras cuarenta años de dictadura. Ha sido la sociedad la que pidió una ley que regulara el matrimonio igualitario, que estableciera un nuevo pilar del Estado del Bienestar como fue la Ley de Dependencia. Y ha sido la sociedad la que ahora reclama una ley como la de la eutanasia que establezca el derecho a morir con dignidad.

Es siempre la sociedad el motor de cambio de un país y contra eso no hay trinchera suficiente en la bancada de la derecha. Y también es la sociedad la que lleva reclamando desde 2013 -cuando se aprobó la LOMCE con el rodillo de la mayoría absoluta del PP y sin escuchar a nadie- su derogación por atender a un modelo educativo desigual, desfasado, excluyente y segregador. El Gobierno de España lo único que ha hecho es cumplir su palabra de derogar esa mala ley, cumpliendo de ese modo con un compromiso con la comunidad educativa y acordado con otras nueve formaciones políticas en el Congreso de los Diputados en aquel 2013 para olvidar.

Hoy, la LOMLOE da respuesta a la realidad social que vive nuestro país, a las demandas educativas, y es una ley consensuada con otras siete formaciones políticas en el Congreso de los Diputados. Una ley aprobada por mayoría absoluta tras meses de diálogo con la comunidad educativa y todos los partidos políticos, con 330 enmiendas aprobadas que muestran la voluntad inequívoca del Gobierno de Sánchez de dialogar, acordar y pactar las principales leyes de nuestro país.

La responsabilidad de un país es garantizar el derecho a la educación de todos y todas en igualdad de condiciones, oportunidades y derechos. ¿Qué dirán cuando pasen los años y sigan abiertos los centros de Educación Especial y los colegios concertados y se siga hablando en castellano en todos los centros educativos de nuestro país?

Es falso que la ley renuncie a que el castellano sea lengua de estudio generalizada en las aulas. Lo que se introduce es el derecho de todos los estudiantes a recibir enseñanzas en castellano y en lengua cooficial allá donde las allá y se garantiza que todos los alumnos puedan adquirir la competencia lingüística plena en ambas lenguas, algo que viene determinado en la Constitución. De la misma manera que es falso que la ley pretenda acabar con el modelo de la educación concertada. La libertad de enseñanza está garantizada y la libertad para elegir centro por parte de los padres también. Pero un derecho no puede convertirse en un privilegio. Y por eso se ha establecido que cualquier centro que reciba fondos públicos deberá establecer un proceso de admisión transparente en el que no se pueda discriminar a ningún estudiante.

Y, por último, la Ley no acaba con los centros de Educación Especial. Lo único que hace la ley es cumplir con el impulso que se da a la inclusión, que reclama la Convención de Derechos de las personas con Discapacidad de la ONU, para que las familias tengan la libertad de escolarizar a sus hijos e hijas en el régimen más inclusivo posible, permitiéndoles elegir y reconociéndoles más derechos.

La Educación es la herramienta más útil al servicio de una sociedad para garantizar la igualdad de oportunidades, el instrumento para erradicar los desequilibrios y permitir a todos los niños y niñas aspirar a ser lo que quieran ser. Esta ley pretende sentar las bases para que la educación sea solo eso, el mejor ascensor social, para garantizar equidad, pero, sobre todo, para garantizar el futuro.