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El Foro Económico de El Diario Montañés fue el escenario elegido por el Gobierno de Cantabria para anunciar el próximo inicio de la tramitación parlamentaria de la Ley de Ciencia, uno de los proyectos más ambiciosos de la legislatura, de los últimos años, y ... con cierta exageración, aunque no demasiada, de los de mayor trascendencia en la historia cuarentona de la autonomía. Estamos en año preelectoral, y cualquier anuncio inversor provoca recelo, sobre todo si el gasto en investigación y desarrollo multiplica por ocho lo habido hasta ahora, para quedar fijado en el 3% del presupuesto regional en 2027. Quiere esto decir que si el vicepresidente Zuloaga consigue blindar la inversión, como pretende, y el Parlamento aprueba el documento sin modificarlo en lo esencial, puede darse el primer paso serio hacia el cambio de modelo productivo.
Cantabria ha sido noticia en ciencia en las últimas semanas por dos hechos relevantes. Uno, la participación de investigadores del Instituto de Física (IFCA) en la obtención de la medida más precisa de la masa del bosón W, discrepante con el modelo estándar. A la espera de nuevas mediciones, invalida la teoría que explica la estructura fundamental de la materia. Los ocho firmantes locales de un hallazgo inesperado y perturbador son Alberto Ruiz Jimeno, Rocío Villar, Jesús Vizán, Luca Scodellaro, Gervasio Gómez, Bruno Casal, Enrique Palencia y Javier Cuevas. Anotemos, además, otros tres nombres de la Universidad de Cantabria: Jonathan Albo, Iván Merino y María Margallo. Trabajan en la conversión del dióxido de carbono de Marte en combustible para naves -una 'gasolina' marciana-, financiados por la Agencia Espacial Europea (ESA).
El problema de España con respecto a otros países nunca ha sido científico, porque la valía profesional es comparable, sino económico. España dedica dinero escaso a la investigación, pero Cantabria aún menos. Aunque los datos estadísticos recientes apuntan a un incremento del gasto en I+D, la media del país apenas alcanza el 1,41% del PIB, algo más de 329 euros por habitante. Una cifra insuficiente, si bien superior a los 204 de Cantabria, situada en la zona baja de la clasificación autonómica: ocupa el puesto doce entre diecisiete. No es extraño que las comunidades punteras sean las más inversoras. El País Vasco está a la cabeza (674 euros por habitante), seguida de Madrid, Navarra, Cataluña y la emergente Castilla y León. Si Cantabria compromete un gasto sostenido anual del 3% del presupuesto, tendremos todavía alguna oportunidad.
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