Gasto social: ¿en horas bajas?
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La Comunidad mantiene buenas cifras en este campo, que sería deseable mejorarlas con el covid, aunque harto improbableLa mayor o menor potencia del Estado del Bienestar de un país para cubrir las necesidades básicas de su población descansa, en gran medida, en ... la fortaleza del presupuesto que destina a gasto social. En España, el gasto social -sanidad, educación y servicios sociales- se financia mayoritariamente a través de los Presupuestos Generales del Estado, bien que mediante transferencias realizadas a las comunidades autónomas.
Un reciente estudio sobre la evolución de este gasto, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, permite sacar a la luz algunos rasgos significativos del mismo y evidenciar las grandes diferencias que existen entre regiones. Lo primero que llama la atención es que, pese al aumento de la desigualdad ocurrido en el ínterin, entre 2009 (el momento más alto de la Gran Recesión) y 2018 (cuando la economía mostraba ya claros signos de desaceleración), el gasto social de las comunidades autónomas se redujo un 3,4%, cifra que supone casi 4.200 millones de euros; es decir, diez años después, el gasto social no había recuperado los niveles alcanzados antes de la crisis. El segundo elemento llamativo es, como siempre, el desigual comportamiento por comunidades autónomas: nueve de ellas han recuperado los niveles previos a la crisis, pero ocho todavía continúan con un gasto social menor. Entre las primeras, las diferencias son enormes, siendo Baleares y Extremadura, con incrementos respectivos del 15,6 y 0,11% las que ocupan las posiciones extremas; entre las segundas, las diferencias también son sustanciales, siendo Cataluña (con una merma del gasto social próxima al 20%) la comunidad que ha experimentado un mayor recorte. Teniendo en cuenta la evolución citada, y el cambio demográfico acaecido en cada región, el tercer rasgo a considerar es el que atañe a las diferencias por habitante: País Vasco y Navarra son, en este sentido, las que dedican más dinero a políticas sociales, mientras que Madrid y Cataluña son las que dedican menos; en promedio las comunidades forales destinan un 30% más de recursos por persona a este cometido que madrileños y catalanes.
Al desglosar el gasto por grandes partidas se aprecia que Sanidad y Educación fueron los componentes sacrificados, los primeros con un recorte ligeramente por encima del 6% (3.864 millones de euros), y los segundos con una caída superior al 4% (31.646 millones). Al igual que con el gasto social total, las diferencias evolutivas entre comunidades autónomas son, aquí, enormes: en Sanidad, Baleares tenía en 2018 un gasto un 18,6% superior al de 2009 mientras que Cataluña tenía un gasto un 27,5% inferior; en cuanto a Educación, la Comunidad Valenciana sobrepasaba en 2018 en un 11,4% el gasto de 2009, mientras que Castilla-La Mancha gastaba un 15,7% menos. Además, de nuevo sucede que, por habitante, el volumen de gasto difiere sustancialmente entre comunidades: País Vasco y Navarra gastan en Sanidad un 46% más que Madrid y Cataluña y, en Educación, en torno a un 70% más.
Aunque es cierto que las comunidades de régimen foral disfrutan de una situación no directamente comparable con las de régimen común, lo cierto es que las diferencias son abismales y ponen de manifiesto, al igual que sucede en otros ámbitos, la urgente necesidad de actuar para reducirlas. Estando a favor del mantenimiento e incluso fortalecimiento del Estado de las Autonomías, considero que es absolutamente necesario que el gobierno central juegue un papel coordinador mucho más intenso para evitar diferencias tan grandes entre comunidades; no es de recibo, por ejemplo, que los residentes en el País Vasco y Navarra tengan, por este mero hecho, más y mejores oportunidades sanitarias y educativas, que el resto de los españoles.
En cuanto a Cantabria ¿qué? Pues lo cierto es que la región mantiene una situación aceptable en todo lo que concierne al gasto social. En primer lugar, porque en 2018 superaba en un 4,8% el gasto total de 2009 y, en segundo lugar, porque, por habitante, en los tres componentes del gasto estamos no sólo por encima de la media española sino también en posiciones avanzadas: sextos en Sanidad, cuartos en Educación y quintos en Servicios Sociales. No son, en efecto, malas cifras, pero teniendo en cuenta lo que tenemos por delante (el desafío del covid-19 y los retos digitales, comerciales y medioambientales) mejorarlas sería lo procedente. Esto, sin embargo, parece harto improbable dado que las cuentas públicas (las de la región y las del gobierno central) están sometidas a un gran estrés. Esperar y ver.
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Ana del Castillo
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