El error Sánchez

Pero ¿qué paralelismo existe entre el caso Berenguer y el caso Sánchez, que nos lleva a parafrasear aquí ese histórico artículo de Ortega? Pues una analogía antinómica que relaciona por oposición el error Berenguer, conservador y sistémico, con el 'error Sánchez', progresista y antisistémico, promotor de una ruptura con la normalidad democrática mediante políticas transgresoras de la Constitución del 78, de su orden legal e institucional.

No hablamos aquí de errores del señor Pedro Sánchez o de su gobierno. Es evidente que el éxito ha acompañado hasta ahora su política, que hace de la necesidad virtud, y que tampoco se aprecian desviaciones de su gobierno en sus políticas económicas progresistas. Obsérvese que el error Berenguer del que hablaba Ortega era la política de continuidad de un régimen que había quebrantado su propio orden constitucional. En cambio, el 'error Sánchez' es el opuesto y consiste en su política de ruptura con el Estado democrático español, legal y legítimo, al margen de los mecanismos constitucionales previstos a tal efecto y de la voluntad soberana de los españoles, a los que por lo mismo envilece. Hecho este que intentan subvertir relatos ideológicos sobre la Transición, la memoria democrática, y los derechos históricos, fabricados por intelectuales y activistas antisistema o soberanistas.

Pues bien, lo que hasta ahora había sido como una creciente toma de conciencia de su propia 'misión histórica', ha llegado a su Rubicón, y Sánchez lo ha atravesado. Ahora afronta una legislatura constituyente de la mano de su socio Sumar, de un Bildu controlado por la Izquierda Abertzale –recuérdese aquí que el 44% de los crímenes de ETA están sin resolver–, o de partidos como ERC o Junts que protagonizaron una estremecedora declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán, entre otros. Se imponía por eso legalizar a los políticos prófugos y condenados por la justicia, con cuyo apoyo y exigencias se va a gobernar España, no sólo porque lo impusieran ellos a cambio de su voto, sino porque ahora se comparte su destino político. De ahí la necesidad de una amnistía, que redima a políticos soberanistas irredentos, indultados o prófugos. El señor Sánchez necesitaba alejar de sí el estigma del homo sacer (Giorgio Agamben), cuando se dispone a inaugurar una legislatura constituyente con sus socios antisistema y sus apoyos soberanistas.

Podemos admitir que el señor Sánchez lidera con buenas intenciones a una generación dispuesta a ahondar en nuestra democracia y dar solución al crónico conflicto soberanista. Podemos dejar de lado también la consideración de que supone un riesgo innecesario pretender curar mediante cirugía mayor una enfermedad de juventud, que se cura con el tiempo, como el radicalismo antisistema, o una de vejez con la que hay que vivir como los soberanismos. Pero no podemos pasar por alto que la ley de amnistía pactada secretamente por su gobierno provisional en nombre de España quebranta la democracia española, pues legaliza la rebelión secesionista perpetrada contra nuestro Estado de derecho y legitima a los conspiradores irredentos a repetirla. Especialmente, cuando es un hecho, que todos los partidos soberanistas comprometidos con la investidura del señor Sánchez, y parte de sus socios de gobierno, han escenificado su rechazo de la Monarquía constitucional con su abandono del acto solemne, en que la princesa Leonor juró la Constitución y se comprometió con el pueblo español soberano; más aún, cuando esta desbandada del soberanismo y de parte de Sumar evidencia que, lejos de representar al legítimo soberano de nuestra democracia, lo desafían y combaten.

La ley de amnistía, una investidura a merced de los soberanistas y el comienzo de una legislatura constituyente al margen de la Constitución y del pueblo español soberano son una aberrante ruptura con nuestro Estado democrático. Tal es el error Sánchez, que su gobierno una vez constituido se verá obligado a desarrollar. No cabe hablar de democracia donde se envilece al pueblo y se le priva de soberanía. Nadie puede confiar en un proceso constituyente que pretenda reconstituir un Estado democrático español sin su pueblo soberano.

Como escribía Ortega en su artículo: «España se toma siempre tiempo, el suyo». España somos todos los ciudadanos y sus representantes, y su futuro es también cosa de todos. Si pretendemos construirlo los unos contra los otros, tendremos de nuevo un destino siniestro.