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En 1949, una vez dividida Alemania en una República Democrática y una República Federal, se iniciaron en esta última las tareas de reconstrucción sociopolítica y cultural. El primer alcalde de Berlín occidental, el socialdemócrata Ernst Reuter, invitó a Ortega a disertar sobre el contexto europeo ... de posguerra en la Universidad Libre, que él mismo acababa de promover al quedar la Humboldt tras el telón de acero.
En septiembre de ese año, Ortega comenzaba con un guiño su memorable conferencia, 'De Europa meditatio quaedam', antes de proponer al multitudinario auditorio pasar página y entregarse con energía a la tarea de reconstrucción, impuesta por los tiempos. Según dio a entender, su condición de español le convertía en experto en materia de ruinas y acciones desesperadas. «No es azar –escribió– que una de las palabras españolas existente hoy en todas las lenguas de Occidente y especialmente en la alemana sea la 'Desperadopolitik'». Nuestra expresión 'política desesperada' traduce bien ese término alemán, que hace referencia a políticas radicales, de alto riesgo, en las que se pone todo en juego. «¡De perdidos, al río!», que decimos en castellano. A su vez, político desesperado (Desperado) es el radical antisistema, que actúa al margen de la ley con fines subversivos. Lo cual no sólo se aplica a extremistas y revolucionarios, que operan desde fuera del sistema, sino también a políticos que lo subvierten desde sus centros de poder, maniobrando en los márgenes de la legalidad.
La trayectoria de la Unión Europea muestra que en su seno no han tenido cabida ni las políticas ni los políticos desesperados. Si algún líder o partido político quiere contar en la construcción europea, tiene que abandonar el radicalismo y sumarse a la trayectoria común. Entre 2019 y 2024 gobernó la UE una coalición de centro formada por el grupo parlamentario popular (PPE), del que forma parte nuestro PP; el social y demócrata (S&D), en que se integra nuestro PSOE; y el liberal (Renew). Los resultados electorales del pasado 9 de junio auguran que esa coalición se reeditará, como «un bastión contra los extremos», por decirlo con Úrsula von der Leyen. Los negociadores del grupo S&D son Olaf Scholtz y Pedro Sánchez, que no tiene ningún inconveniente en negociar condiciones y cargos con Donald Tusk y Kyriakos Mitsotakis, del PPE, ni en mostrar muy buena química con la líder de ese grupo y presidenta de la UE.
Poco tiene que ver esa moderación de Sánchez en Europa con su política desesperada en España, que comenzó con el «no es no» al PP, continuó con sus coaliciones con radicales de izquierdas y soberanistas, y culminó con los pactos de investidura con Junts. Ahora, la situación crítica de la investidura de Salvador Illa y la inviable aplicación de su Ley de Amnistía, la exasperan y dan otra vuelta de rosca.
En efecto, la mesa del Parlament, encargada de regir el proceso de investidura, se ha constituido con presidencia de Junts y mayoría soberanista. Debido a la marginación de los constitucionalistas, la socialista Silvia Paneque se quedó sola, sin la presidencia y el control de la mesa. Pues Junts capitalizó los votos de ERC y la CUP. La investidura de Illa depende de esta izquierda, en particular de una ERC dividida e imprevisible, que a cambio reclama del presidente Sánchez para Cataluña un concierto económico como el vasco o el navarro. La ministra Montero salió enseguida al rescate, pero sus ofertas de financiación especial parecen condenadas al fracaso.
Illa ha solicitado por eso la concesión requerida al presidente, quien de no aportarla tendrá que optar entre consentir la investidura de Puigdemont, o bloquearla con el voto en contra del PSC e ir a elecciones anticipadas. La opción de Sánchez se irá decantando conforme al calendario impuesto por la mesa del Parlament, que depende de Junts y la aplicación de la Ley de Amnistía.
El presidente necesitaría disponer del poder judicial para que la aplicación de una ley subversiva como esa se convierta en un camino real. Lo cual no es el caso, ni debería de serlo. De hecho, la consigna de aplicación del fiscal general del Estado ha chocado con el criterio de los fiscales del Procés, y la airada amenaza de reformar el CGPJ por la vía rápida del Parlamento, sin contar con ese máximo órgano de los jueces, no tiene recorrido por contravenir la división de poderes. Replantear con carácter de urgencia la negociación de esa reforma, como pretende el ministro Bolaños, tampoco conduce a ninguna parte por tratarse de una reforma sistémica que ni puede ni tiene por qué adecuarse a la política desesperada del presidente del Gobierno.
Hace mucho que los españoles dejamos de ser expertos en ruinas, y las políticas desesperadas no nos sientan nada bien. La perspectiva europea nos muestra claramente que el futuro de la nación española pasa por la moderación política y la normalización de las relaciones entre sus partidos hegemónicos.
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