El caso Muface

Precisamente para financiar debidamente los servicios públicos se aprobó en septiembre de 1978 una nueva ley sobre el IRPF, que produjo notable inquietud en la población española, acostumbrada a cierta negligencia fiscal al uso en el régimen de Franco. A fin de superar las reticencias, que llenaron los medios de críticas y sarcasmos, se pusieron en marcha campañas como la que dio lugar al memorable eslogan, 'Hacienda somos todos'.

Un par de años antes, para eliminar las inaceptables diferencias en las contribuciones y prestaciones del funcionariado en el tardo franquismo, se organizó la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), que atendía ya entonces a un colectivo de más de 700 mil mutualistas. Nunca fueron competencia suya las pensiones en Régimen de Clases Pasivas –interrumpido en 2011–, sino las prestaciones sociales y, sobre todo, sanitarias, a las que dedica más del 80% de su presupuesto. Las ha financiado siempre con partidas procedentes de las cotizaciones y, sobre todo, de la aportación del Estado; el remanente en tesorería era en 2023 de 19,4 millones, frente a los 562 millones que tenía en 2011.

Muface ofrece a sus cotizantes la opción de recibir asistencia sanitaria privada, que financia mediante conciertos con aseguradoras del sector. En 2018 este concierto supuso 1.079,94 millones, descendiendo ligeramente en los años sucesivos. El último concierto para el bienio 2022-2024 ejecutó obligaciones por un importe de 1.158,80 millones, pero esa cuantía era insuficiente. En nuestra región, por ejemplo, rechazó ese concierto el Igualatorio Cantabria, que atendía a buena parte de ese colectivo. Lo asumieron Adeslas y Asisa. Pero los mutualistas sufrieron la infrafinanciación, pues perdieron los médicos que fueron abandonando esas compañías o dejaron de atender en ellas al colectivo Muface.

El verano pasado el Gobierno adelantó que el concierto para el bienio 2025-2026 supondría un aumento del 24%, pero inició la negociación proponiendo un 14, cuando las aseguradoras demandaban el 40. El 8 de octubre el Consejo de Ministros autorizó una nueva licitación del concierto mejorado con una prima del 17.2%. De infrafinanciación tacharon esa propuesta las aseguradoras, que se desentendieron del concierto. Como cabía esperar, sólo la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) reaccionó con movilizaciones, mientras la Unión General de Trabajadores (UGT) del PSOE, y las Comisiones Obreras (CCOO) de Sumar contemporizaban y dejaban hacer.

No pintan bien las cosas para el colectivo Muface y su 1.573.701 de integrantes, pues el gobierno Sánchez está decidido a transferirlos al servicio público de salud, y la DANA se ha metido por en medio. Lo hará con dos años de margen, 2025-2026, si licita un nuevo concierto mejorado con una prima cercana al 24%. O lo precipitará, si licita en falso e impone hasta octubre 2025 la prórroga prevista en el actual concierto. Muface seguirá después operando, pero ya no ofrecerá asistencia sanitaria a sus mutualistas, entre ellos jubilados, que empezarán a cotizar a la seguridad social y tendrán que cambiar de médicos y trasladar expedientes. Todo un contrasentido, pues actualmente la atención sanitaria por persona y año es bastante más costosa, más de un 30%, en la Seguridad Social que en Muface.

El caso Muface muestra la escora ideológica y las contradicciones de la progresía de los poderes que nos desgobierna y polariza. En nombre de la igualdad y de lo público no sólo privan a un colectivo de un derecho adquirido con el pago de sus impuestos, sino que saturan y estresan aún más la sanidad pública gestionada por las comunidades autónomas, en particular por las que no tienen hacienda propia. El Servicio Cántabro de Salud, por ejemplo, tendrá que asumir de golpe la incorporación de 20.082 miembros de Muface, lo que repercutirá sobre la calidad de su atención sanitaria debido no sólo a cuestiones de financiación, sino también a la carencia de facultativos especializados. ¿Por qué este despropósito sólo ha merecido el silencio y la indiferencia de los líderes de UGT y CCOO que agitan en Cantabria la cuestión de la sanidad pública?

Desde luego este caso pone en solfa el eslogan de la campaña del Ministerio de Hacienda, financiada con dinero público: 'Lo que das cuando pagas tus impuestos, vuelve a ti. Vuelve a todos'. Pues una vez cumplida la decisión prevista sobre Muface, lo que han cotizado sus mutualistas a lo largo de su vida laboral, no volverá a ellos, y el gobierno central comprometerá la gestión autonómica de la sanidad pública encareciendo su coste y estresándola aún más.