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Era Jano la divinidad romana de las transiciones, que con su doble rostro presidía el comienzo y el final de los conflictos. El PSC-PSOE ... pretende haber puesto la cabeza de Jano en el conflicto catalán, con su victoria pírrica en las autonómicas del mes de mayo. Después de seis legislaturas de predominio soberanista, por obra y gracia de la amnistía, se habría vuelto a la normalidad democrática. Ahora, en la tranquilidad del estío, tocaría negociar a costa del erario y del Fondo de Liquidez Autonómica la investidura de su Salvador Illa, que conducirá la nave catalanista al orden constitucional.
Pero ¿qué muestra la historia reciente de las elecciones autonómicas en Cataluña, que son ya catorce en 44 años? Las seis primeras citas electorales, celebradas entre los años 1980 y 1999, decidieron un ciclo político constitucionalista de un total de 23 años dominado por CiU y con el PSC como principal partido de la oposición. En las elecciones de 1999, su líder Pasqual Maragall llegó a los 52 diputados, pero CiU pudo continuar con 57 en el gobierno merced al Pacto Majestic con el PP.
La entrada en nuestro siglo representó un cambio de actitud de los partidos catalanistas ante el Estatut del 79 y su marco constitucional. En las elecciones 2003, el PSC se presentó en coalición con la plataforma Ciutadans pel Canvi, representando un soberanismo federal. Aunque sólo obtuvo 42 diputados, pudo formar un gobierno tripartito con ERC e Iniciativa per Catalunya Verds, merced al Pacto del Tinell, cuyo acuerdo estrella era reformar el Estatut. A ese Pacto se adhirió también CiU, que había ganado esas elecciones con 46 diputados. Fuera del pacto dejaron al PP catalán.
El primer Gabinete Zapatero se comprometió a impulsar esa reforma del Estatut, empezando por el tercer piso digámoslo así una reforma federal del Estado español. El Estatut aprobado por el Parlament en septiembre de 2005 sólo pudo serlo en las Cortes españolas después de una substancial modificación. Por su parte, la ciudadanía catalana lo refrendó en junio del 2006 con frialdad (48,80% de participación). Todavía en las elecciones autonómicas de este año, ganadas por CiU con 48 diputados, el PSC pudo reeditar con 37 su tripartito.
Pero el Tribunal Constitucional revisó a instancias del PP y volvió a modificar sustancialmente el nuevo Estatut, en sentencia de junio del 2010. Esta doctrina es aleccionadora: el título I de la Constitución sólo reconoce un soberano, la nación española. Este previsible desenlace de la reforma estatutaria, liderada por el 'míster Bean' de la política española, unido a nuestra Gran Recesión (2008-2014), estuvieron detrás de la debacle electoral del PSC y del avance del movimiento independentista que conmocionó la política catalana y su economía.
Las tres convocatorias electorales durante el Procès fueron de mayorías y bloques independentistas, de mínimos históricos del PSC y de encumbramiento de un efímero partido constitucional, Ciudadanos, que ganó inútilmente las elecciones 2017. Se caracterizaron las elecciones en este período de agitación secesionista por sus porcentajes excepcionales de participación: del 67,76% en 2012, del 74,95% en las de 2015, presentadas como plebiscitarias por los secesionistas, y del 79,9% en las del 2017, convocadas en cumplimiento del artículo 155 de la Constitución.
El independentismo ha gobernado formando bloques y agitando elecciones hasta elevados índices de participación con su impostura histórica y sus falsas promesas. Nunca ha habido bloques constitucionales. El PSC, que ha obtenido buenos resultados en elecciones con índice de participación medio, ha preferido liderar proyectos soberanistas federales y formar gobiernos catalanistas de coalición con ERC.
Ahora el PSC pretende reeditar su tripartito soberanista con los 42 diputados, obtenidos en unas elecciones, las de 2024, de baja participación (55,23%). Nada quiere saber de los 15 diputados del PP y, con los otros partidos catalanistas, demoniza a los 11 de VOX. Podría parecer un déjà vu de lo acontecido en 2003, pero hay en este caso ciertas diferencias que lo ensombrecen.
Entonces la participación fue del 62,54 y el PSOE no lideraba un Parlamento español con una mayoría antisistema e inestable, ni controlaba el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, ni disponía de una ley mordaza contra los medios digitales defensores de la soberanía nacional y acérrimos contra la corrupción socialista. El PSOE de Sánchez se ha procurado estos medios, y pretende repetir la aventura soberanista del PSC, sin mandato ni reforma constitucional que le avalen, y sin poder asumir que su inviable ley de Amnistía, lejos de poner término al Procès, lo ha legitimado y legalizado de momento. El trajín del independentismo no ha cesado y volverá a agitarse a la primera de cambio.
Gracián enseña que el desengaño alimenta la prudencia política del discreto. El autoengaño y la huida hacia adelante llevan a tropezar con los mismos errores. Por desgracia, en materia de soberanía, el PSC-PSOE de Sánchez sigue imponiendo a la ciudadanía española la fatídica senda de la insensatez.
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Ana del Castillo
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