El proceso

Recordemos la historia de Josef K., detenido por sorpresa el día de su treinta aniversario y sometido a una causa judicial opaca por un delito que desconoce. Está privado de todos sus derechos, pero tiene que afrontar ese juicio sin garantías, mientras sigue con su trabajo rutinario en el banco. El ominoso proceso no deja de enredarse absurdamente, hasta que el día de su treinta y un cumpleaños, sin mediar sentencia judicial conocida, un verdugo y su ayudante ajustician con nocturnidad a Josef K., mientras el exclama, «¡Como a un perro!», y el narrador concluye: «era como si debiera sobrevivirle la vergüenza».

Si sintonizamos esta pieza de literatura del absurdo con las ideas de Hannah Arendt sobre los totalitarismos, percibimos con claridad la naturaleza opresora de estos regímenes, en los que se elimina a la oposición política y el terror sustituye a las leyes y las garantías procesales. Lo estamos viendo en Venezuela. En los sistemas democráticos, en cambio, la acción política y la de gobierno han de someterse al ordenamiento jurídico, administrado por un poder judicial independiente.

Es cierto que otro lector de 'El proceso', Giorgio Agamben, por una indigestión de cruda biopolítica, ha cuestionado la positividad de la ley. El soberano es principio y fin del ordenamiento jurídico, que por eso llevaría en su entraña la paradoja de la soberanía: el soberano está al mismo tiempo sometido a la ley y por encima de ella. Sin embargo, esa paradoja sólo se manifiesta cuando las constituciones no regulan las excepcionalidades, en que se suspende el orden jurídico.

Una constitución ha de contemplar esos estados excepcionales, que demandan decisiones soberanas, pues, de no regularlas, permitiría a los gobernantes suplantar en ellos al soberano y situarse por encima de las leyes, es decir, convertirse en dictadores. Nuestra Constitución por ejemplo regula cómo ha de proceder el presidente del Gobierno para declarar un Estado de excepción (art. 116), intervenir una Comunidad Autónoma (art. 155), iniciar un proceso de reforma del Estado (art. 168), etc.

Corren tiempos excepcionales en que se asientan en los gobiernos democráticos líderes ávidos de poder que no gustan de límites legales y se entregan con pasión a las actuaciones dictatoriales. Para no pocos era cuestionable, por ejemplo, considerar dictatorial la promoción de la amnistía del procés, con el fin de investir a Sánchez, pues nuestra Constitución no contempla una excepcionalidad como la amnistía. Pero los pactos del PSC-PSOE con ERC, para investir a Illa, constituyen una actuación dictatorial del ejecutivo de Sánchez con graves consecuencias jurídico-políticas y económicas para el Estado español que nos cobija. Pues se está suplantando al soberano, cuando nuestra Constitución sí contempla el funcionamiento de la Hacienda pública, y prevé y regula la reforma del Estado.

Salvador Illa ha prometido «por su conciencia y honor» desempeñar su cargo de president «con fidelidad al Rey, a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a las instituciones nacionales de Cataluña». Pero ya está promoviendo el proceso soberanista, pactado con los independentistas de ERC, tendente a la constitución de la nación catalana con hacienda autónoma y soberanía fiscal. Más aún, ha institucionalizado desde el Parlament este proceso constituyente, mediante la Convenció Nacional per la resolució del conflicte polític, formada por representantes de los grupos parlamentarios y presidida por ERC.

A la investidura de Illa, no podía faltar Carles Puigdemont, que estuvo presente a su manera e interpretó ante sus adeptos un 'Waterloo' a Cataluña en el paseo Lluís Companys. Llegó del brazo del presidente del Parlament, Josep Rull, y escoltado por los mossos de la comitiva de cargos de Junts. Tan bien acompañado como iba, dando además un espectáculo mundial, ¿por qué volvió a fugarse? Todo estaba planeado. La amnistía no llega y los pactos del gobierno de Sánchez con ERC han hecho mella en Junts. Se trataba de escenificar una charada que entendieran hasta los periquitos de la Ciudad Condal: el proceso del maquinist-Illa lleva enfundado el Procés.

Illa es el representante del sanchismo en Cataluña y, para establecer su soberanismo federal, cuenta con el apoyo incondicional del PSOE de Sánchez, de su ejecutivo, de sus socios y aliados en el Parlamento, de sus representantes en la Fiscalía, en el Tribunal Constitucional y en el bloqueado CGPJ, y de su bien alimentado cuarto poder. Pero todos ellos están ahora con Sánchez en manos del soberanismo independentista: ERC y Junts.

El Govern de la Generalitat ha puesto Cataluña de nuevo en Procés(o), mientras el soberano español es víctima de un proceso absurdo y espera los verdugos de un gobierno dictatorial que ha decidido ajusticiarle.